La investigación abierta por la fiscalía general del Estado para depurar las posibles responsabilidades penales en que incurrieron los controladores aéreos que abandonaron sus puestos va a alcanzar a todos los técnicos implicados, pero el objetivo número uno de las diligencias es identificar y sentar en el banquillo a los jefes, a quienes diseñaron y ejecutaron la estrategia que colapsó el espacio aéreo español durante 20 horas y atrapó en los aeropuertos a varios cientos de miles de españoles. "Vamos a por los líderes y vamos a activar todos los medios de investigación necesarios para conseguirlo", aseguró ayer un alto cargo del Ministerio Público.

La maquinaria penal cogerá ritmo el jueves en toda España, pero los fiscales ya analizan en busca de posibles indicios de delito los atestados que les han entregado la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA. Miembros de las fiscalías de todas las audiencias provinciales comenzarán a citar a los controladores de su territorio que abandonaron de forma colectiva las torres y terminales el viernes y sábado pasados. Los interrogarán uno por uno y establecerán el orden de las citas con cuidado de que no coincidan con sus turnos de trabajo en los aeropuertos. El número de investigados será aproximadamente igual a los 442 técnicos a los que AENA ya ha abierto expedientes disciplinarios, para depurar su responsabilidad por la vía administrativa.

Delito de sedición

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicó ayer en un corrillo del Congreso de los Diputados que su departamento contempla dos tipos delictivos para este comportamiento, los descritos en los artículos 20 y 21 de la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea, correspondientes a la sedición. El primero, aplicable a los controladores "de base", castiga con entre tres meses y tres años de cárcel a los empleados de aeropuertos que, en un número suficiente para perturbar el servicio, abandonasen de forma colectiva e injustificada su puesto en actitud de protesta. El segundo, reservado para los dirigentes, castiga con penas de cárcel de tres a ocho años a quienes con lo anterior buscaron "interrumpir la navegación aérea". El fiscal general aclaró que hasta el momento no se ha abierto una sola investigación en la jurisdicción penal militar, porque ningún técnico desobedeció a los mandos militares ni se ausentó injustificadamente del trabajo desde que el sábado, sobre las 13.00, entró en vigor el estado de alarma.

La Fiscalía no pretende realizar un proceso general sino llevar ante los tribunales a quienes impulsaron el presunto complot. Será "inflexible" con los dirigentes y dará un trato "más favorable", incluso eximirá de toda acusación penal, a los técnicos de a pie que, aunque se ausentasen de sus puestos, lo hiciesen arrastrados por sus líderes y, de hecho, retornasen de inmediato. No descarta investigar llamadas, mensajes, correos o comunicaciones a través de redes sociales.