La familia Nozaleda podría perder la gestión del grupo inmobiliario Nozar

La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que la inmobiliaria Nozar debe ser declarada en concurso necesario de acreedores, como pidió Avalatransa, una empresa que le reclama una deuda. Ahora, el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, el mismo que en septiembre de 2009 aceptó el concurso voluntario que le permitía a la familia Nozaleda seguir al frente de la gestión, tendrá que decidir si le retira las facultades.

La resolución podría producirse hoy mismo o en los próximos días. No obstante, "la familia confía en mantener la gestión", aseguró ayer un portavoz de la misma después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil "alabara" su gestión en el auto que emitió en septiembre, según recuerda el mismo portavoz. "Nosotros creemos que insistirá en su primera apreciación, pero hay que esperar", apuntó.

Por el momento esta situación no afecta directamente a las empresas filiales de Nozar en la provincia de Huesca, según asegura el portavoz de Nozar. No obstante, cuando se presentó el concurso voluntario en septiembre tampoco hubo una repercusión directa al tratarse de entidades diferentes. Pero tres meses después, Aguas de Panticosa S. A. (participada al 100% por Nozar) y Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, conocida como Bodegas Enate (al 90%), se encontraron en la misma situación.

El portavoz de la empresa señaló que también se han declarado otros concursos necesarios sin que se haya sustituido a los gestores. Y es que la diferencia entre un concurso voluntario y uno necesario es que en este último el juez les puede retirar a los gestores de la sociedad las facultades de administración.

En un auto publicado hoy, la Audiencia Provincial de Madrid anula la decisión que dictó el 5 de mayo de 2009 el juzgado mercantil, que decidió no declarar insolvente a Nozar, como había pedido Avalatransa. Apenas una semana después de la resolución, la inmobiliaria de Nozaleda reconoció que no podía pagar a sus acreedores y que empezaba a negociar la refinanciación de sus 700 millones de euros de deuda, en lo que no tuvo éxito, por lo que pidió el concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2009.

Ahora, los magistrados de la Audiencia entienden que, cuando Avalatransa pidió en noviembre de 2008 que se declarara insolvente a Nozar de forma necesaria, la empresa "había incurrido en el sobreseimiento general en el pago corriente de sus deudas". De hecho, recuerdan que en los registros de morosos figuraban impagos por importe de 824.460,40 euros, a lo que hay que sumar 115,26 millones de euros en créditos. Además, critican el hecho de que Nozar intentara minimizar la importancia de esas cifras.

En su opinión, trató de "enturbiar el recto análisis de la situación, sometiendo al tribunal dictámenes que, al menos en este aspecto, solo sirven para intentar inducir a confusión".