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El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado luz verde a un acuerdo de transacción con el banco Socimer, de Bahamas, que permitirá a los afectado del caso AVA cobrar 28 millones de dólares estadounidenses (unos 20 millones de euros) y así paliar parte de las pérdidas ocasionadas por el escándalo financiero, que estalló en Zaragoza hace más de diez años. En un auto con fecha 18 de junio, el titular del Juzgado, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, autoriza a los administradores judiciales de AVA a proceder a la firma del acuerdo, propuesto por el liquidador de Socimer, Paul Clarke, y que estipula el pago de esa cantidad a cambio de que se renuncie a acciones penales contra el banco.

El auto judicial, al que ha tenido acceso este diario, señala que la firma del acuerdo "tendrá lugar en unidad de acto con la práctica de las actuaciones ordenadas por este Juzgado, tendentes al levantamiento de las medidas cautelares existentes sobre el banco Socimer, así como con la confirmación de la recepción de los fondos apartados por Socimer a favor de AVA, delegándose en la Administración Judicial de AVA para la práctica totalidad de las actuaciones indicadas". El documento indica que la recepción de los fondos de Socimer se realizará mediante su depósito en una cuenta que Bankinter tiene abierta en Euroclear (un sistema internacional de compensación para transacciones de bonos que tiene su sede en Bruselas). Los administradores de AVA son José Ignacio Ruiz del Olmo,Miguel Ángel Hernández y Teófilo Valero.

El cobro

La disposición de los 20 millones de euros, según fuentes judiciales, permitirá "a un elevadísimo número de perjudicados recuperar el 35% de su inversión o incluso más (si han cobrado del Fondo de Garantía)". Las mismas fuentes apuntaron que el acuerdo aprobado ahora por el juez se firmará en Bruselas previsiblemente a lo largo de este verano, lo que permitirá a los afectados cobrar del dinero procedente de Socimer poco después.

Al margen de los efectos de este acuerdo alcanzado con el liquidador de Socimer y respaldado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, los afectados del caso AVA podrían cobrar otros 13 millones de euros más si sale adelante otro acuerdo con otros imputados y que actualmente se está negociando. El grupo Transáfrica, la firma suiza André & Cie y la auditora KPMG aportarían esa cantidad a cambio de que, al igual que con Socimer, se retiren las acusaciones que pesan contra los imputados de esas sociedades. De ese modo, el proceso judicial que ventila el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional seguiría adelante contra Enrique Coronado, quien fuera consejero delegado de la agencia de valores AVA, así como el resto de los acusados contra esta entidad.

AVA era una agencia de valores de Zaragoza registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que destapó el 23 de febrero de 1998 un escándalo financiero que hizo perder entonces por una operativa muy enrevesada más de 20.000 millones de pesetas (unos 120 millones de euros) a miles de inversores, la mayor parte de ellos aragoneses. Entonces se abrió un proceso civil (suspensión de pagos), que concluyó en 2001, y varios procesos penales, el principal de ellos en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. Este último aún sigue abierto, a pesar de que la instrucción concluyó en 2002, por trámites en Bahamas y Suiza que han estado bloqueados hasta ahora.

Un número muy elevado de afectados por el caso AVA, los que perdieron menos dinero, han podido recuperar gran parte de sus ahorros a través del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) creado después del escándalo.