España está claramente en el punto de mira de la Unión Europea (UE) por sus retrasos en aplicar las directivas comunitarias, sobre todo en materia de impuestos y blanqueo de capitales. No es la primera vez que la Comisión expedienta al Estado español por ese motivo, pues en el último año y medio ha iniciado una docena de actuaciones de ese tipo, la mayoría relacionadas con temas fiscales, aunque también abordaba otras cuestiones como, por ejemplo, la regulación sobre las fusiones transfronterizas, donde según se denunció este jueves desde Bruselas hasta 11 Estados miembros no han armonizado todavía sus respectivas normativas nacionales pese a existir un mandato expreso al respecto.

Pero más llama la atención el reproche hecho por las autoridades comunitarias al Gobierno -cuya aparente dejadez ya se produjo en la época del PP- por no haber transpuesto aún la tercera directiva europea contra el blanqueo de capitales, adoptada en 2005 y que debería haber entrado en vigor antes del 15 de diciembre pasado. No obstante, el mismo retraso figura en el debe de otros 14 países de la UE (entre ellos, algunos tan importantes como Alemania y Francia), que también se enfrentan a una denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia si la Comisión no recibe una respuesta "satisfactoria" a sus requerimientos en el plazo de dos meses.

En cualquier caso, el Ministerio de Economía y Hacienda ya tenía entre sus prioridades este asunto, si bien un escalón por debajo de las medidas para atenuar los efectos de la notable desaceleración económica que sufre el país. Su idea es consensuar con el PP el proyecto de ley correspondiente antes del verano, de manera que pueda ser aprobado por el Parlamento este otoño, lo que implicaría que su tramitación podría ir casi en paralelo a la de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, si bien esta última se presume mucho más problemática.

En general, tanto los técnicos de Hacienda como los asesores fiscales coinciden en que esa tercera directiva sobre blanqueo no conllevará "grandes cambios" para España, pues "buena parte" de las "novedades" que incluye ya existen en la legislación nacional. Los verdaderos cambios consisten en un aumento significativo de los sujetos obligados, a los que se les va a exigir adoptar "precauciones similares a los riesgos que adoptan". Así, por ejemplo, bufetes de abogados, notarios, registradores, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer "un perfil completo de riesgo" de cualquier cliente "dudoso".