Suben un 3,8% las ejecuciones hipotecarias en Aragón en 2014

El número total de ejecuciones se sitúa en las 1.703 según el Consejo General del Poder Judicial.


El número total de ejecuciones hipotecarias registradas en los órganos judiciales aragoneses en 2014 fue de 1.703, un 3,8% más que el año anterior.


En el conjunto del país, se registraron en 2014 un total de 80.749 ejecuciones hipotecarias, lo que supone una reducción del 2,3% respecto a un año antes, cuando sumaron 82.680.


Así lo pone de manifiesto el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se indica que el número de ejecuciones hipotecarias registradas el año pasado supone la cifra más baja desde 2011, cuando sumaron 77.854.


El informe también dice que los lanzamientos (desahucios), que afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y en el caso de estas últimas no solo las habituales, crecieron ligeramente en 2014, el 1,3%, hasta los 68.091.


Según el informe, más de la mitad de los lanzamientos registrados en 2014, el 52,9%, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamiento Urbanos. Otro 42,4% (28.877 lanzamientos) correspondió a ejecuciones hipotecarias, y los 3.170 restantes, a otras causas.


En relación con los datos de 2013, los lanzamientos acordados en procedimientos regulados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron el 5,5%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron el 11,8%.


El informe señala que a la hora de relacionar la cifra de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias con el número total de ejecuciones hipotecarias presentadas, hay que tener en cuenta que la primera responde en la mayoría de los casos a procedimientos iniciados en ejercicios anteriores a 2014, mientras que el segundo refleja exclusivamente las registradas el año pasado.


Por territorios, en Cataluña se registraron el 22,9% del total de lanzamientos, hasta los 15.606. En todo 2014, las ejecuciones hipotecarias se redujeron en once de las diecisiete comunidades autónomas, salvo en Aragón, Islas Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.