El juez absuelve a Arcéiz del delito de quiebra fraudulenta por su gestión en Walthon

Ángel Arcéiz, el último presidente de Walthon Weir Pacific (WWP), ha sido absuelto de un delito de quiebra fraudulenta, por el que el fiscal pedía tres años de cárcel y dos la acusación particular, formada por un grupo de trabajadores. El juez reconoce que el agujero de la compañía aumentó durante su gestión (entre marzo de 2000 y octubre de 2002), pero cree que "no existe base suficiente" y hay "duda razonable sobre la motivación verdadera perseguida por el acusado en su gestión agravadora de la insolvencia". Además, reconoce que la empresa estaba "en una situación gravemente deficitaria ya desde el año 1996" -en lo que hizo hincapié durante el juicio su abogado, Javier Notivoli-, por lo que no se puede culpar al empresario de provocar la insolvencia.

El gestor de la compañía de válvulas, declarada en quiebra necesaria en 2002, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial juzgado también por un delito contra los derechos de los trabajadores, que sumó la acusación particular, y que el juez tampoco ha encontrado suficientemente probado. Junto a él declaró Ramón Rastoll, absuelto por los mismos cargos.

En la sentencia, con fecha de 16 de junio, se reconoce que durante la gestión de Arcéiz se produjeron "salidas de fondos" a favor de personas físicas y jurídicas y de empresas inactivas. Hechos que ya fueron juzgados en otro pleito que condenó al acusado por defraudar 738.770 euros. El juez incluye en los hechos probados la deuda de 31 millones de euros reconocida en el proceso mercantil tras declararse la quiebra, que fue calificada de fraudulenta en 2007, pero que recuerda que "no prejuzga" la decisión en vía penal.

"Palmario incumplimiento"

También se indica que en los dos años de gestión de Arcéiz "ha sido palmario su incumplimiento ante numerosas obligaciones existentes previamente y generadas a posteriori, y no ha cumplido hasta ahora con la mayoría de ellas". Así, incluye la falta de libros de contabilidad.

Sin embargo, a la hora de decidir si la mala situación económica fue agravada intencionadamente no considera suficientes las pruebas presentadas. "Solo se desprende debidamente acreditada la defraudación del IVA y cuyo destino era a favor de las empresas vinculadas a Euromanager o el propio acusado", indica sobre las facturas emitidas para obtener devoluciones indebidas. No reconoce probada la acusación de la existencia de importantes pagos de clientes extranjeros que nunca llegaron a las cuentas de la empresa. "Tampoco han tenido una prueba cabal suficiente ni justificativa de todo ello en el curso de las actuaciones", apunta. En este sentido, el juez plantea que, "si se dieren por ciertas" las afirmaciones de Arcéiz en las que aseguraba haber puesto "todo su esfuerzo personal" y "hasta casi su propia vida" en la empresa, sería "incompatible" la acusación de que la quiebra fue provocada.

Además, Arcéiz queda absuelto de un delito contra los derechos de los trabajadores, que "vinieron cobrando regularmente sus salarios", prácticamente hasta el final (junio de 2002); disfrutaron de "buenas condiciones económicas, mantenidas por el acusado, en comparación con otras empresas del sector" y hasta "tenían instalaciones de recreo y ocio".

Reproches

Sin embargo, reprocha el "enfado" del acusado durante el juicio, en el que llegó a alegar "indefensión" porque no se admitieron algunas pruebas en la que trataba de demostrar los pagos que hizo para salvar la compañía. "Lo que resulta improcedente a todas luces es que por el acusado se haya renunciado a acreditar debidamente su gestión al frente de la WWP y ahora pretenda una reconstrucción parcial y fragmentaria de aquella realidad", señala.

Respecto a Rastoll, el juez considera que pese a su cargo de secretario del Consejo de Administración "no consta" que hubiera intervenido "con protagonismo suficiente en las decisiones jurídicas y económicas" de la empresa, extremo que durante el juicio oral recalcó su abogada, Eva María Parra.