Seis años después de la quiebra de la empresa Walthon Weir Pacific, su último presidente, Ángel Arcéiz, se sentó ayer en el banquillo acusado por el fiscal de un delito de insolvencia punible por el que pide tres años de cárcel para él y su hermano Juan Carlos (en busca y captura). La acusación particular, ejercida por la letrada Cristina Ruiz Galbe, que representa a un grupo de empleados, solicita dos años por este delito y cuatro por otro contra los trabajadores.

Arcéiz llegó a la Audiencia Provincial de Zaragoza esposado, ya que se encuentra encarcelado de forma preventiva por una causa posterior a Walthon. El ex gerente, que dirigió varios improperios a los medios de comunicación al ser fotografiado, acudió lleno de argumentos y datos para defender su gestión, que dijo iniciar en marzo de 2000 "con mucha ilusión" y la intención de reflotar la fábrica de válvulas "que ya estaba arruinada", con 1.400 millones de pesetas de pérdidas (8,4 millones de euros). Junto a él, Ramón Rastoll, quien fuera secretario del consejo de administración, cuya defensa se basó en tratar de probar que era solo el director de márquetin, sin poder en la firma.

Los "liquidadores"

El fiscal acusó a los Arcéiz de la "agravación exponencial" de la deuda de la sociedad, "que se dispara en los últimos dos años", durante su gestión. El agujero se multiplicó desde los cerca de nueve millones en el año 2000 a los 31 millones en 2002, según los datos del informe de la quiebra, declarada fraudulenta en la vía civil. A todo ello "contribuyó una conducta dolosa de los acusados", añadió. La fiscalía entendió que se trata de un "caso de manual" de una "empresa brillante" que atraviesa una situación difícil y en la que "entra una empresa de la competencia, la exprime, se hace con elementos técnicos valiosos y cuando es una piltrafa económica se la cede a un liquidador, que son estos últimos gestores". La acusación particular destacó que la dirección "no daba ocupación efectiva a los trabajadores", además de la falta de herramientas, materiales y medidas de seguridad.

Por su parte, el abogado defensor, Javier Notivoli, hizo hincapié en que la quiebra está reconocida desde 1996, por lo que "tendrían que sentarse en el banquillo o todos o ninguno". "Mi cliente se dejó allí la piel y la vida. No ha arruinado ninguna empresa", aseguró. Así, achacó buena parte de la deuda a las preexistentes con la Seguridad Social y los 12 millones de euros en indemnizaciones para los trabajadores tras el cierre. Además, afirmó que Arcéiz "tuvo que desaparecer para salvar su propia vida, la de su esposa y su familia".