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REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

El borrador del pacto fiscal europeo suaviza el papel de la CE y deja más margen a los países

Quita a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia de la UE poderes para supervisar todo el cumplimiento del objetivo de déficit.

EFE. BRUSELAS Actualizada 11/01/2012 a las 17:37
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Merkel y Sarkozy, al término de su reuniónAFP PHOTO

Un nuevo borrador del pacto fiscal que 26 miembros de la UE quieren firmar en marzo limita de nuevo las prerrogativas de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia para actuar en caso de incumplimiento del acuerdo y suaviza algunas reglas que dejan a los países más margen de maniobra.

La tercera versión del borrador varía sustancialmente del texto anterior, pues quita a la Comisión Europea (CE) y al Tribunal de Justicia de la UE de nuevo poderes para supervisar todo el cumplimiento del título III -sobre el pacto presupuestario- y vuelve a referirse solo al artículo 3(2) sobre la regla de oro y los mecanismos para corregir desvíos de déficit.

Un país de la UE podrá llevar a otro ante el Tribunal de Justicia si considera que ese Estado no ha consagrado adecuadamente la "regla de oro" en su Constitución, como constaba en el primer borrador, pero ahora puede "invitar" a la CE a emitir un informe sobre esta cuestión y esa debe dar al país señalado una "oportunidad" para remitirle sus observaciones.

El nuevo texto prosigue que, si la Comisión confirma entonces un incumplimiento, el país será llevado ante el Tribunal de Justicia "por las partes contractuales".

En la anterior versión un país podía denunciar a otro ante el Tribunal si constataba un incumplimiento de todo el título III y la Comisión Europea podía, "en nombre de las partes contractuales", iniciar una acción legal ante la corte de la UE por eso.

Mayor relajación

En la última versión del borrador se especifica que el déficit estructural (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) no debe exceder del 0,5% del PIB al año "a precios de mercado".

El documento también rebaja la exigencia de consagrar la regla de oro "en provisiones nacionales vinculantes a nivel constitucional o de naturaleza equivalente" como se decía previamente.

Ahora habla de provisiones de fuerza vinculante y de carácter permanente, preferiblemente constitucionales que deben ser garantizadas a través de procesos presupuestarios nacionales.

El borrador fija que la regla de oro debe estar funcionando "un año después de la entrada en vigor del Tratado".

El texto aclara que los países pueden derivarse de sus objetivos a medio plazo en caso de "acontecimientos inusuales que escapan del control" de los gobiernos y tienen un gran impacto en su posición financiera, o en periodos de severos riesgos económicos", si no pone en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

En el caso de que la deuda es muy inferior al 60%, los países pueden registrar un déficit del 1,0% del PIB a precios de mercado.

Otro cambio suavizado el pacto se observa en el artículo 7, en el que se ha eliminado de nuevo el criterio de deuda para la imposición de sanciones, y solo se limita al déficit, lo que favorece a aquellos países, como Italia, que acumulan niveles de deuda sustanciales y que se opusieron a esa formulación.

La fecha

También ha cambiado de nuevo el número de países que debe haber ratificado el Tratado para que entre en vigor: en la primera versión eran 9, en la segunda 15 y ahora 12.

Por primera vez se fija una fecha de entrada en vigor del Tratado, el 1 de enero de 2013, si 12 países miembros de la eurozona han ratificado el documento, o el primer mes después del depósito de los instrumentos de ratificación de 12 estados del euro.

En lo que es considerado una victoria para el Reino Unido, el nuevo borrador elimina además en el propósito y el alcance del Tratado la referencia a una "integración más profunda del mercado interior", un tema muy sensible para Londres, que se ha autoexcluido del acuerdo.

Varios diputados que representan a la Eurocámara en la redacción del texto tacharon de "inaceptable" el nuevo borrador, ya que consideran que no es compatible con la legislación europea vigente y, en concreto, no garantiza que las decisiones se tomen conforme al método comunitario.
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