La pesadilla de la morosidad aún sigue viva

Pese a que luego la práctica puede ir por otros derroteros, en teoría los autónomos lo tienen más fácil desde el pasado 16 de marzo para cobrar las cantidades que les adeudan sus acreedores. Desde ese día rigen nuevos plazos para el pago de deudas por parte de las administraciones públicas: de los 40 días establecidos para 2012, se ha pasado a los 30. Para las empresas, ese periodo es ahora de 60 días. De esta forma se cumple con los plazos establecidos por la ley 15/2010, que modificaba la norma anterior en la que se recogían las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Sin embargo, no será -como pronto- hasta el último trimestre del año cuando comience a aplicarse de forma efectiva los nuevos plazos. Ese fue al menos el compromiso trasladado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo amor, durante una reunión que ambos mantuvieron recientemente.

Según datos de la propia Hacienda, a finales del pasado año la Administración General del Estado tardaba una media de 60 días en hacer frente a sus deudas con los proveedores. Con todo, la central es la administración más cumplidora a la hora de pagar las facturas, aunque también es cierto que es la que menos volumen de trabajo contrata con los autónomos. No hay datos oficiales sobre el nivel de morosidad de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero las estimaciones de ATA les colocan varios escalones por encima del Estado.

En su último informe, presentado hace una semana, la asociación de autónomos cifraba en unos 4.839 millones de euros la deuda conjunta de las administraciones públicas con sus proveedores. El periodo de pago era de 151 días, frente a los 89 del sector privado. Las comunidades tardaban en pagar 145 días, por 157 los ayuntamientos. Hay un dato absolutamente clarificados: sólo el 8% de los autónomos consultados por ATA declaran haber cobrado sus facturas en el plazo que marca la ley.

La morosidad pública es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan diariamente cientos de miles de proveedores. "Hay que poner coto a la morosidad porque es uno de los principales focos de destrucción de empleo", denuncia Amor.

A partir de la aplicación efectiva de la nueva normativa europea respecto a la morosidad, las pymes y autónomos lo tendrán, a priori, un poco más fácil. Si las administraciones incumplen los nuevos plazos, se enfrentarán a unos intereses de demora del 8%. Para poder cobrar lo que se le adeuda, el autónomo deberá denunciar el impago ante Hacienda, que a su vez descontará a comunidades autónomas y ayuntamientos el importe de dichas facturas de su participación en los ingresos del Estado.