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El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, convocará elecciones a cámaras agrarias. Lo hará apoyándose en la ley de 1996 -que necesitará, sin embargo, alguna modificación-. Lejos de desaparecer, estos organismos de representación agraria -ahora obsoletos y prácticamente inoperativos- serán dotados de nuevas funciones como oficinas administrativas que son. Y, por lo tanto, no se repartirá su patrimonio.

Así se deshizo ayer el nudo gordiano en el que se habían enredado las propuestas de las distintas organizaciones agrarias aragonesas -UAGA, Asaja, UPA y Araga- desde que, hace ya un año, el consejero presentara un borrador para elaborar una nueva ley que midiera la representatividad sindical sin necesidad de pasar por las urnas.

Arguilé puso tres opciones sobre la mesa en las dos reuniones que, como es habitual, tuvo que mantener por separado con los sindicatos -primero con Araga y UPA, después con UAGA y Asaja-. Planteó, en primer lugar, la posibilidad de aprobar el borrador de la proposición de ley tal como se había propuesto. Es decir, medir la representatividad con la afiliación y repartir el patrimonio en función de estos resultados o mediante la creación de un fundación que lo gestionara.

Rechazada esta posibilidad, el consejero estaba dispuesto a suprimir las cámaras, admitir que en Aragón hay cuatro organizaciones con representatividad, olvidarse de las elecciones y repartir el patrimonio en tres partes, una para las organizaciones agrarias, otra para las cooperativas y la última que se reservaría el Gobierno de Aragón.

Pero, como ni una ni otra opción tuvo apoyo por parte de las organizaciones agrarias, el consejero optó por las elecciones. Tomada esta decisión, que todos los sindicatos aplaudieron, en unos seis meses como mínimo el sector tendrán una cita con las urnas.

Censo y presupuesto

Quedan, ahora, sin embargo dos dudas por despejar. La primera el censo agrario que se va a utilizar para realizar la convocatoria, porque mucho ha llovido desde las elecciones celebradas en 2001. Entonces los agricultores estaban afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, y desde ahí era más fácil identificarlos. Ahora están en el régimen general o en autónomos.

Y con el presupuesto de Agricultura ya muy mermado, habrá que determinar también de dónde se detraen los 600.000 euros que como mínimo son necesarios para costear las elecciones. El consejero no lo concretó, pero dejó claro que las partidas que van directamente a los agricultores y ganaderos son intocables.