El Gobierno prevé un menor crecimiento y más déficit para 2018

El informe que estudiará Bruselas recoge la prórroga presupuestaria que, según Hacienda, impide cumplir la senda de consolidación fiscal.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, confirmó una vez finalizada la reunión de titulares económicos la aprobación de ambos documentos.
El ministro Luis de Guindos.
Efe

La velocidad de crucero de la economía española empezará a perder fuelle el próximo año. Los vientos de cola en forma de política expansiva del BCE y de los bajos precios del petróleo que impulsaron crecimientos del 3% de los últimos tres años (en 2015 y 2016 se alcanzó incluso el 3,2%) ya no serán suficientes para mantener el ritmo previsto por el Gobierno. Hasta ahora proyectaba un avance del 2,6% para 2018. Sin embargo, la crisis de Cataluña ha hecho que el Ejecutivo sea más prudente en sus estimaciones, que se incluirán en la actualización del plan presupuestario que estudiará Bruselas (Economía debía enviarlo este lunes pero al cierre de esta edición no lo había hecho) en la que también se recogerá la prórroga de los Presupuestos de 2017. Una medida que implica un aumento del objetivo de déficit para el próximo año, previsto inicialmente en el 2,2%.

La moderación de la previsión del incremento del PIB fue adelantada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado viernes al afirmar que el desafío independentista "no sale gratis" y que el crecimiento estará "algo por debajo" del 2,6%. La factura por esta crisis institucional ya sacude significativamente a la economía catalana, con un parón de la inversión, el éxodo de empresas y un aumento de hasta un 30% de las cancelaciones hoteleras, según denuncia el sector. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó tras el último Consejo de Ministros que si la situación se prolonga la comunidad autónoma podría entrar en "recesión" el próximo año. Un escenario que tendría un importante impacto en el conjunto de la economía española, ya que Cataluña representa el 20% del PIB estatal.

Precisamente, este lunes la agencia de calificación Moody's describió como "saludable" la economía española estimó que el PIB crecerá un 2,5% en 2018. Sin embargo, resaltó que la situación en Cataluña puede afectar a esta previsión. Asimismo, también proyectó un descenso de la tasa de desempleo hasta el 16,8% el próximo ejercicio.

La otra novedad que el Gobierno plantea a Bruselas tiene que ver con el incremento del objetivo de déficit de 2018 por la falta de nuevos Presupuestos. Hacienda se ha visto obligada a prorrogar las cuentas públicas de 2017 ante la falta de respaldo parlamentario tras la negativa del PNV de apoyar los Presupuestos de 2018 por la crisis de Cataluña. Así, el departamento que dirige Cristóbal Montoro considera que sin cuentas renovadas no podrá tomar las medidas necesarias para reducir el déficit hasta el límite previsto.

Sin vigilancia de Bruselas

En cualquier caso, el Gobierno cuenta con una enorme ventaja respecto a otros años en la senda de estabilidad. Y es que el incremento del déficit le puede salir gratis a España, ya que si se mantiene por debajo del 3% que exige Bruselas, España saldrá del programa de déficit excesivo por primera vez desde el inicio de la crisis. Es decir, dejará la estrecha vigilancia comunitaria y evitará la posibilidad de sanciones o multas por incumplir el objetivo fijado. De momento, la previsión es que el déficit acabe en el 3,1% en 2017, por lo que un leve descenso en 2018 producto del crecimiento económico sería suficiente para dejar el desfase por debajo de esa barrera del 3%.

Una de las consecuencias de la falta de Presupuestos afecta de lleno a los ingresos de las comunidades autónomas. En concreto, las transferencias que reciben por parte del Estado por los ingresos impositivos no pueden actualizarse. Es decir, que recibirán la misma cuantía que en 2017 aunque la recaudación tributaria se incremente en 2018. Una circunstancia que también complicará a los gobiernos regionales lograr el objetivo del 0,4% previsto para 2018. De hecho, las comunidades ya se quejan de que se les exige un esfuerzo de consolidación mayor que a la administración central. Sin esos recursos adicionales, las posibilidades de que incumplan el objetivo se multiplican.

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