Los 300.000 accionistas del Popular pierden todo su dinero con la operación

Los clientes del Banco Popular que tuvieran abierta una cuenta, un depósito o bonos ‘senior’ tienen asegurado su dinero tras la venta al Santander, no así los accionistas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) afirmó ayer que "no es previsible" que las acciones del Banco Popular regresen al Ibex 35 (Colonial lo sustituye el día 19), después de que el supervisor suspendiera la negociación de la entidad tras el anuncio de compra por parte de Santander. "Dado su actual nivel de difusión (un solo accionista, Banco Santander), no es previsible que las acciones de Banco Popular España vuelvan a cotizar", sentenció en un comunicado. El organismo presidido por Sebastián Albella certificó las pérdidas de los accionistas, los titulares de bonos contingentes convertibles y de deuda subordinada al confirmar que "han perdido totalmente su inversión".

El órgano supervisor recordó que la absorción se ha acordado y ejecutado al amparo de lo previsto la normativa europea ‘bail-in’ aprobada en 2014, que implica que sean en primer lugar los accionistas y a continuación los titulares de ciertos instrumentos financieros los que soporten las pérdidas de las entidades en crisis, en lugar de las fórmulas de recapitalización externa con apoyo público (‘bail-out’).

Un 30%, pequeños ahorradores

La asociación de consumidores Adicae calculó que un 30% de los inversores de la entidad son pequeños accionistas, para los que pidió "una alternativa" a la pérdida de su inversión. La organización consideró "abusiva" la venta por un euro "a costa de los ahorros de decenas de miles de pequeños accionistas y titulares de deuda subordinada".

Criticó que no se ha "salvado" al Popular, sino que el Santander lo que ha hecho es "aprovecharse de la progresiva reducción de la competencia en el sector bancario español y dejar que sean los ahorradores (pequeños accionistas y titulares de deuda subordinada) quienes asuman las pérdidas".

"Expropiación encubierta"

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) se calificó la operación de "proceso confiscatorio" y "expropiación encubierta" y se denunció la "desprotección" de los pequeños accionistas. "De la noche a la mañana, han visto reducido a cero el valor de unas acciones que, hasta el día anterior, tenían un valor bursátil de unos 1.300 millones de euros". Culpó al Ministerio de Economía, el Banco de España y el Banco Central Europeo de no tener la "necesaria sensibilidad". Además, tachó de "muy aventuradas" las afirmaciones del Santander de que no compensará a los pequeños accionistas, a los que animó a reclamar, y pidió al Gobierno Español "corregir" estas declaraciones.

Desde el despacho García-Graells Abogados auguraron una "oleada" de pleitos de los afectados, que creen que el Santander ya cuenta con que tendrá que afrontar, al adquirir la entidad "a título universal". Álvaro García-Graells explicó que entre las llamadas de clientes que han recibido en el despacho están las de accionistas que acudieron a la última ampliación de capital "incluso con dinero prestado del propio Popular". El banco ofreció "darles préstamos para comprar las nuevas acciones". Ahora estos clientes "han perdido no solo el valor de las acciones, sino que deben los préstamos otorgados", concluyó.