La negociación de la estiba encalla otra vez
Las empresas reclaman que el Estado costee un ajuste "necesario" con jubilaciones a la fuerza y, además, si no bajan costes reducirán sueldos.
Las negociaciones para la reforma del sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos, iniciadas el pasado 28 de febrero a raíz del luego fallido decreto del Gobierno para liberalizar el sector, se encallaron este jueves ante la aparente imposibilidad de conciliar las tres propuestas que hay sobre la mesa. Sus autores son el Gobierno, los sindicatos y la patronal -la última en presentar su documento-, y ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué pasará con el empleo actual.
Pese a la aparente tranquilidad que quiso poner el mediador nombrado por el Ejecutivo -Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), dijo que "no hay que dramatizar" y que estamos ante "la evolución normal de una negociación"-, lo cierto es que las caras largas con las que salieron los sindicalistas de la última reunión, unido a sus manifestaciones, hacen ver que en estos momentos resulta "imposible cualquier tipo de acuerdo".
Así lo advirtió ayer el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, quien acusó a la patronal de "querer cambiar de arriba abajo el convenio (colectivo) actual" por el que se rige el sector. Y es que el texto presentado en esa última cita por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) pretende, por ejemplo, "disponibilidad plena" de los trabajadores, la posibilidad de que cambien o compartan tareas y "alternaciones en los regímenes de descanso establecidos".
Desde Anesco justifican su planteamiento en que se debe "reconocer la potestad" de las compañías para "organizar la producción convenientemente, nombrando retenes, guardias y estableciendo los turnos que estimen necesarios", siempre conforme a su "libre criterio". Así, las jornadas se distribuirían cada día "en atención a sus necesidades", con una duración de entre seis y ocho horas a voluntad de la empresa, modificando puestos de manera cotidiana y "flexibilizando" asimismo los horarios de comienzo.
Para UGT se trata de cambios "sustanciales" en el convenio colectivo que "alejan" la posibilidad de un acuerdo. "Son condiciones que no existen en los puertos europeos", criticaron desde la Coordinadora. Su líder, no obstante, dijo que "sabíamos que esto iba a ocurrir" porque, a su juicio, "la posición" del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "avala la postura de la patronal".
No en vano, las empresas de la estiba se han aprovechado del ofrecimiento del Gobierno a satisfacer a cargo del erario público el coste del temido ajuste en el sector para desmarcarse de asumir cualquier responsabilidad económica. Y es que Asneco afirma en su propuesta que la liberalización del sector pretendida por Fomento, a instancias de la Comisión y la justicia europeas, "deberá llevar asociada la concesión de ayudas públicas para los trabajadores" y, además, cuantiosas.
Más ajustes subvencionados
Porque Anesco sí da por hecho que "necesariamente" habrá un ajuste "sobre el empleo", quebrando así la promesa del ministro de "garantizarlo" para la plantilla actual de estibadores (6.156 personas) salvo renuncias voluntarias por el cambio de régimen. De hecho, las compañías no descartan abordar otros recortes laborales, aunque siempre "sufragados por el Estado", si una vez ejecutadas las medidas "extintivas" que plantea siguen considerando que sus plantillas todavía presentan "excedentes". Sin embargo, aún no han ofrecido cifras al respecto pese a comprometerse a ello con los sindicatos hace dos semanas.
Desde Fomento -critico con patronal y sindicatos por mantener posturas "poco flexibles"-, a su vez, advirtieron este jueves a la patronal de que su propuesta ya incluye ayudas públicas "que van al límite de las que se han venido concediendo en cualquier proceso de reestructuración". Así, en función de cuántos trabajadores se acogieran finalmente a ellas, tendrían un coste de hasta 575 millones según cálculos oficiosos.
El 40% de esos fondos se destinarían a costear las prejubilaciones que ofrece para los estibadores a quienes le resten menos de cinco años para prejubilarse, pero Anesco quieren que resulten forzosas para aquellos que pudieran cobrar el 100% de la pensión. Además, la patronal plantea un plan de bajas voluntarias para mayores de 50 años, donde el Estado seguiría pagándoles el 70% del salario hasta la edad de retiro.
Eso sí, de la pretendida subrogación de trabajadores entre empresas demandada por los sindicatos no concreta nada. Solo sugiere que se podría hablar, pero siempre tras ejecutar los ajustes y, entre ellos, "reducir un 30% los costes de las operaciones"; de no hacerlo en tres meses, recortarían sueldos en igual cuantía. Pese a todo, las centrales no contemplan por ahora retomar las convocatorias de huelgas que ya anularon la semana pasada y tienen previsto volver a reunirse el miércoles próximo con la patronal para dar una respuesta formal a sus demandas.