Rapapolvo de la UE a España por sus cifras de déficil

Los socios europeos recuerdan a Madrid que el dato debe quedarse en el 3,1% el año próximo y que no es suficiente con acercarse a ese porcentaje.

De Guindos, con el presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem, este lunes en Luxemburgo.
De Guindos, con el presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijsselbloem, este lunes en Luxemburgo.
Julien Barnand/Reuters

Los socios europeos han instado este lunes a España a reducir su déficit público y cumplir el próximo año con la meta de situarlo en un máximo del 3,1% de su PIB, a la vez que han dado luz verde a desembolsar 1.100 millones de euros a Grecia de manera inmediata y dejar otros 1.700 millones pendientes.


Sobre España, que continúa con un gobierno en funciones, sus socios asumen que no enviará unas cuentas completas, sino tan solo una prolongación de los presupuestos actuales para el año que viene con las cifras actualizadas, pero sin nuevas medidas económicas y fiscales.


Pese a ello, el ministro español en funciones de Economía, Luis de Guindos, afirmó que el proyecto presupuestario para el próximo año incluirá una estimación de déficit "no muy lejos del 3,1% del PIB" y, que cuando haya un nuevo Ejecutivo, se mandará un nuevo presupuesto "para cumplir con el objetivo del 3,1%" que se le exige para 2017.


El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, optó por "no comentar planes y medidas que no se conocen", pero sí recalcó que "la cifra de déficit tiene que ser 3,1% y que decir 'muy cerca' es un poco diferente" a alcanzar el objetivo.


Por ello, indicó, el próximo ejecutivo español deberá mandar "tan pronto como tome posesión" un nuevo borrador de presupuesto "con todas las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo del 3,1%".


Más tajante se mostró el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien advirtió de que "en los últimos años ha habido bastantes debates entre España y la Comisión sobre la calidad de las cifras, y cada vez ha resultado que la Comisión tenía razón".


"Por ello, querría que el Gobierno español realmente verifique sus cifras y asunciones antes de ponerlas en el presupuesto. Esto por supuesto, es un consejo para todos, pero aquí en particular", dijo el también ministro de Finanzas holandés.


El político laborista neerlandés también recalcó que "desafortunadamente, el nuevo Gobierno español tendrá que hacer un nuevo trabajo sobre el presupuesto".


Tras meses de retraso, la eurozona también ha acordado dar carpetazo a la primera evaluación de los esfuerzos hechos por Grecia para cumplir con las condiciones que marca su tercer rescate financiero, lo que abre la puerta a un nuevo pago de 2.800 millones de euros.


Durante el encuentro del Eurogrupo, las instituciones acreedoras -la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (CE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)- han informado a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona de que finalmente Grecia ha cumplido con lo exigido para ello.


Sin embargo, como suele viene sucediendo con los rescates griegos, el procedimiento no será tan sencillo como a primera vista se podría esperar, ya que los ministros de Finanzas y Economía de la zona del euro han dado su visto bueno al pago de solo 1.100 millones de euros de este nuevo tramo.


El pago definitivo se prevé que tenga lugar una vez que la junta directiva del fondo de rescate permanente de la eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aprtuebe la operación el próximo día 22 de octubre.


Los 1.700 millones restantes quedan ahora pendientes de que Atenas envíe a sus socios los datos relativos al progreso hecho por en la devolución de las deudas que mantiene el Estado heleno con sus proveedores relativos al mes de septiembre.


Si los mismos no se retrasan, el MEDE podría incluso llegar a aprobar el pago de los 2.800 millones de euros al completo en su próxima reunión, pero nada permite por el momento prever cómo se desarrollarán los acontecimientos.


"El dinero llegará, no se preocupen", dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien aseguró que los 1.700 millones de euros -que precisamente irán destinados a que Atenas salde deudas con sus proveedores- penden solo de formalidades técnicas y que no existe "ningún tipo de problema político" al respecto.

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