DGA y agentes sociales, unidos por la igualdad laboral

Firmado un convenio para luchar contra la discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo.

El Gobierno de Aragón, las organizaciones empresariales y los sindicatos han firmado este lunes un convenio para promover la plena y efectiva igualdad en el ámbito laboral, donde aún persiste una brecha por la que las mujeres ingresan de media un 25% menos que los hombres.


Se trata de un convenio, según ha explicado en rueda de prensa en Zaragoza la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, para impulsar la no discriminación en el ámbito laboral a través de distintas acciones orientadas al área de igualdad, que contarán con una partida de 100.000 euros.


La discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva y real entre mujeres y hombres "es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de instrumentos públicos de fomento y promoción", ha apuntado Gastón.


El propósito del convenio es que aumente el número de organizaciones que voluntariamente cuentan con planes de igualdad de género, que son obligatorios para las empresas de más de 250 empleados y en Aragón cuentan con ellos 111 empresas -y se ha impuesto alguna sanción por haber incumplido esa obligatoriedad-, mientras que otras 25 de menor tamaño han elaborado su propio plan de forma voluntaria.


Gastón ha insistido en que en Aragón hay todavía un déficit de información y sensibilización en este ámbito entre el tejido empresarial, de ahí que sea primordial el papel de los agentes sociales para mejorar la realidad asesorando e implantando en los centros de trabajo planes y medidas de igualdad a través de la negociación colectiva y difundiendo los beneficios de la plena incorporación de mujeres y hombres en igualdad al mercado laboral.


Salvo excepciones, el tejido empresarial aragonés no dispone de personal formado en materia de igualdad y es especialmente necesario en el sector mayoritario de las pequeñas y medianas empresas, ha agregado Gastón, quien ha apostado por ayudar a las que tienen dificultades para identificar las medidas que hay que aplicar en materia de igualdad, las obligatorias y las que pueden impulsar de manera voluntaria.


La meta es lograr tener un tejido empresarial y un ámbito laboral "referente" en materia de igualdad, ha subrayado la consejera, quien ha destacado que ya están en marcha acciones de difusión, sensibilización y asesoramiento empresarial en materia de igualdad, de formación de responsables y elaboración de planes de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral o el diseño de guías relativas a planes de igualdad en las empresas.


Gastón ha firmado el convenio con el máximo responsable de CEOE, Fernando Callizo, quien ha destacado que no se trata de una cuestión de obligatoriedad, sino de concienciación en las empresas, y que la discriminación salarial existe históricamente en los puestos de más alto nivel.


También con el de Cepyme, Aurelio López de Hita, quien ha apuntado que excluidas las empresas de más de 250 empleados, queda un "inmenso pantano" de microempresas y pymes a las que es difícil llegar y que hay que incidir en la información y la educación para corregir unos desequilibrios que producen una "tremenda brecha en la sociedad".


También lo ha suscrito el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, quien ha insistido en la necesidad de un mayor asesoramiento a las pymes y ha advertido de que la salida de la crisis económica está siendo más lenta para las mujeres, ya que dejan el paro a la mitad de velocidad que los hombres, el 25 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial frente al 5 por ciento de los hombres, además de que persiste la brecha salarial, ya que ingresan un 25 por ciento menos de media.


Por su parte, el secretario de Finanzas de CC. OO., Pablo Castillo, ha subrayado que la desigualdad laboral se combate, además de con la aplicación de las leyes, con un trabajo transversal que va más allá de la "discriminación burda", como las diferencias salariales, y tiene que ver también con quien se ocupa del cuidado de la familia y cómo eso repercute en la carrera profesional.

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