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​Extrabajadores de Sali-Cacaolat Utebo creen que los compradores "jamás tuvieron interés" en relanzar la planta

Señalan que solo querían quedarse con la marca Cacaolat por su valor.Las adjudicatarias de Cacaolat se muestran dispuestas a entregar la información que solicite el Juzgado.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 01/06/2016 a las 00:21
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Imagen de la planta de CacaolatJ.M. MARCO

Los 56 extrabajadores de la antigua Sali-Cacaolat Utebo continúan convencidos de que las empresas multinacionales Cobega, DAMM y la consultoría Victory Corporate Turnaround, que compraron Cacaolat S.A. en 2012, "jamás tuvieron interés" en relanzar el negocio en la planta zaragozana, sino que mantienen que el objetivo de estas compañías fue "exclusivamente" quedarse con la marca Cacaolat por su valor, de 161 millones de euros.

Así lo han explicado este martes en rueda de prensa el portavoz de los extrabajadores, Pablo Sanz, y el técnico del Gabinete Técnico de UGT Aragón, y autor de un informe pericial sobre este caso, Ricardo Rodrigo, al informar de que la Audiencia Provincial de Zaragoza, en un auto del 24 de mayo de 2016, ha enviado de nuevo, por segunda vez, al Juzgado de Instrucción la querella que presentaron 56 empleados de la antigua factoría de Utebo contra estas multinacionales por los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores.

Cacaolat S.A. contaba con dos centros de trabajo en Barcelona y Utebo, pertenecía al grupo Nueva Rumasa y en 2011 comenzó a tener dificultades financieras que le llevaron a declararse en concurso de acreedores en mayo de ese año.

En el concurso, tramitado en el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, se determinó que la mejor solución era poner en venta la unidad productiva, ya que el negocio era rentable, y se presentaron cuatro ofertas, resolviéndose a favor de Cobega, DAMM y Victory Corporate Turnaround, por el mayor precio pagado y por comprometerse a desarrollar un plan industrial para ambas plantas, que contemplaba una inversión de 4 millones de euros en Utebo.

Tras la adjudicación definitiva, el 23 de febrero de 2012, el proyecto ya diferenciaba la planta de Barcelona y la de Utebo, que en mayo de ese año quedaría como Planta Lechera Utebo S.L.U. y todas las marcas, entre ellas Cacaolat, quedaron en la sede de Barcelona.

En mayo de 2013 se presentó el primer expediente de regulación de empleo para el 60 por ciento de la plantilla de Utebo y el 4 de octubre un segundo ERE definitivo que llevó al cese de la actividad el 5 de noviembre de 2013.

Así, 56 extrabajadores de la planta de Utebo presentaron una primera querella contra estas compañías en diciembre de 2014, al estimar que habían cometido los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores, pero en abril de 2015 el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza archivó la causa.

Según ha recordado Sanz, los trabajadores recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial que "falló a nuestro favor y devolvió el caso a Instrucción", si bien de nuevo en noviembre del pasado año la juez archivó de nuevo el caso. Tras otro recurso de estos exempleados de Sali-Cacaolat, la Audiencia ha dictado un auto el 24 de mayo de este año que envía el caso otra vez al Juzgado de Instrucción.

De esta forma, "por segunda vez la Audiencia Provincia, con dos magistrados distintos, devuelve el caso a Instrucción porque ve indicios de delito" en este caso, el más grave de ellos "estafa procesal", ha comentado Pablo Sanz, al remarcar que los trabajadores "estamos convencidos de que esos delitos existen", de que se gestionó "mal" la planta de Utebo "de forma intencionada" y este auto "nos da más fuerza para seguir, para buscar Justicia" y con el deseo de que la instrucción "continúe".

Auto "fundamental"

Ricardo Rodrigo ha subrayado que el nuevo auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza "es fundamental por dos motivos, por su contenido y por el momento temporal en el que tiene lugar". Respecto al contenido, ha mencionado "dos ideas fundamentales" que se recogen en el auto.

En primer lugar, la Audiencia estima que "es claro" que estas compañías no realizaron una inversión en la planta de Utebo, "que no se utilizaron las vías de distribución de las mercantiles adquirientes y que la plantilla no se mantuvo, ya que quedó suprimida con los ERE tramitados por la empresa".

Además, los magistrados observan que en este proceso se trata de "dilucidar si los adjudicatarios tenían o no la intención de cerrar la planta de Utebo al participar en el procedimiento de adjudicación, lo que en caso afirmativo sería un delito de estafa procesal".

Según el auto, como evidencias del engaño los querellantes plantean que se constituyera la Planta Lechera Utebo S.L. y un plano de 2012 de la factoría catalana en el que se reservaba espacio para máquinas que estaban en funcionamiento en Utebo, así como las cuentas anuales de la mercantil.

La Audiencia advierte también de que los adjudicatarios conocían la delicada situación de la planta de Utebo desde el inicio del procedimiento de adjudicación y se pregunta por qué se pudo reflotar el negocio en Barcelona y no en Zaragoza, estimando que "hay hechos que parecen avalar la teoría de una intención inicial de los adjudicatarios de no poner en funcionamiento la planta de Utebo", aunque reconoce que otros hechos apoyan lo contrario, de forma que plantea continuar con la instrucción para esclarecer el caso.

Sobre el momento en que llega este auto, Rodrigo ha comentado que en los próximos días Cobega comenzará a cotizar en bolsas internacionales y la compañía tiene una facturación de 11.000 millones de euros, mientras que en Utebo estas empresas debían invertir 4 millones, por lo que ha insistido en que los adjudicatarios "jamás tuvieron intención de relanzar el negocio" en la planta zaragozana, "porque no se quiso, no porque no se pudo".

Apropiarse de la marca 


En su opinión, estas multinacionales deseaban apropiarse de la marca Cacaolat, que en su momento tenía un valor de 161 millones, desvincularla de Aragón y que "quedara exclusivamente en Cataluña", al sostener que la inversión necesaria para continuar la actividad en Barcelona era de 60 millones y esa aportación sí que se realizó.

Rodrigo ha precisado que las compañías adquirieron las dos unidades de producción y todo el negocio por 75 millones de euros y ha insistido en que la factoría zaragozana era un negocio viable. De hecho, en septiembre de 2014 reabrió sus puertas de la mano de otra sociedad que alquiló el negocio, no lo adquirió, pero que sufrió problemas de capital y tuvo que cederlo a un "gran grupo empresarial aragonés" que está actuando en estas instalaciones que "pueden funcionar y lo están intentando".

En este nuevo proceso, que no tiene plazos establecidos de actuación de la juez, los extrabajadores aportarán pruebas que no habían sido admitidas antes, han pedido la colaboración, para que declare ante la juez, del anterior director de la planta de Utebo y presentan un segundo informe pericial más preciso que el primero. Los empleados de la antigua factoría se consideran en este proceso como unos "terceros perjudicados", al haber perdido su puesto de trabajo tras estas operaciones comerciales.

Respesta de las empresas compradoras


Por su parte, las empresas adjudicatarias de la antigua Sali-Cacaolat de Utebo, Cobega y DAMM y la consultoría Victory Corporate Turnaround, se han mostrado este martes dispuestas a entregar al Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza toda la información que les soliciten sobre el proceso de cierre de esta planta zaragozana.

Estas empresas han aclarado que en el auto se indica que la causa "no hace falta que llegue a juicio oral", pero la juez "tampoco decreta el sobreseimiento", sino que "se pide más información". De esta forma, "la juez nos solicitará más información y nosotros estaremos abiertos a facilitar" cualquier dato que nos pida, han garantizado.

Asimismo han recalcado que "no es verdad" que estas compañías compraran las dos plantas con el objetivo inicial de cerrar la factoría de Utebo, dado que "siempre se contempló la planta de Utebo dentro de las inversiones" previstas, "pero su situación ya era complicada" cuando se acordó la compra y llevó después a su cierre.







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