Tres exdirectivos de la CAI serán juzgados por apropiación indebida en octubre

Tres ex directivos de Caja Inmaculada (CAI), entre ellos su ex director general Tomás García Montes, serán juzgados a partir del 24 de octubre por la Audiencia de Zaragoza por apropiación indebida durante la etapa en la que gestionaban la entidad, entre 2007 y 2009.

Entre los tres procesados figuran Ramón Marrero, socio de la caja en negocios inmobiliarios en Andalucía y exconsejero socialista de la Junta andaluza y Javier Alfaro, subdirector de CAI y consejero de la sociedad CAI Inmuebles, según el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial .

Más de una treinta testigos declararán en este juicio, previsto para los días 24, 25 y 26 de octubre, en el que ejerce la acusación particular la propia entidad financiera (CAI), que fue la que denunció los hechos en 2012, mientras que la acusación popular la ejerce la Confederación Sindical de Cajas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia que interpuso la propia CAI en 2012 por la compra de dos pisos, cuya promoción y administración correspondía a la entidad financiera y que Montes y Alfaro adquirieron presuntamente con una rebaja que se sitúa en torno a un 50 por ciento; así como cuatro facturas libradas supuestamente por dos sociedades participadas por CAI en concepto de viajes a Egipto por cerca de 200.000 euros.

Además, se denunció una operación de reestructuración de negocios acordada presuntamente entre CAI y Marrero en verano de 2009, que implicó por parte de la entidad financiera la adquisición de las participaciones accionariales que este tenía en varias sociedades de promoción inmobiliaria participadas por CAI y que se llevó a cabo en unas condiciones ventajosas para el, según la querella a la que ha tenido acceso EFE.

Tras la apertura del juicio oral dictada el pasado diciembre por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, el fiscal pidió por apropiación indebida tres años de cárcel para cada uno de los tres acusados y una fianza solidaria de 18 millones de euros.

Las penas de cárcel que solicita el fiscal están lejos de las que reclaman la acusaciones, la propia CAI y la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (ASIPA- CIC), que piden 16 años de cárcel para cada uno por administración desleal y apropiación indebida, además de estafa en el caso de la organización sindical.

García Montes fue nombrado director general de CAI en julio de 2005 y fue destituido por decisión del Consejo de Administración de la entidad en 2009 por amplia mayoría del consejo y como consecuencia de la pérdida de confianza en su persona para el cargo, según consta en la querella.

Entre los motivos que justificaron esta decisión se encontraba la elevada concentración del crédito y las inversiones de la entidad en el sector de la promoción y construcción inmobiliarias, la manera opaca y personalista e incluso autoritaria con la que ejercía el cargo, que había derivado en un malestar interno, y la falta de transparencia ante el propio consejo de administración.

No obstante el consejo no tenía en aquel momento ninguna constancia de actuaciones por su parte que tuvieran carácter desleal o ilícito, según la querella.

Pasadas una semanas desde su destitución, la entidad llegó a un acuerdo, en febrero de 2010, para la salida también de Javier Alfaro, subdirector de CAI y mano derecha de García Montes, también por pérdida de confianza.

Tras el cese del director general, a raíz de una investigación interna en CAI y en diversas sociedades participadas, la entidad detectó irregularidades que podían constituir hechos delictivos y que puso en conocimiento del juez.

En la providencia dictada por la Audiencia Provincial, con fecha ayer, el tribunal cita a declarar, en calidad de testigo, al actual director general de CAI Juan Pemán, además de a una treintena de personas.

CAI fue absorbida en octubre de 2014 por Ibercaja tras no prosperar la fusión en Caja3. EFE

13-05-2016, 17:20:00