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SARGA

​El director gerente de Sarga asegura que no pretende "liquidarla", sino hacerla útil

Jorge Díez​ ha indicado que los despidos realizados hasta ahora son suficientes "para restablecer las cuentas de ejercicio 2016", pero que en el futuro puede haber más.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 10/05/2016 a las 23:56
Concentración de los trabajadores de Sarga en Zaragoza contra los recortes.

El director gerente de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), Jorge Díez, ha asegurado que no es un "liquidador" de esta empresa pública y no pretende llevar a cabo "ninguna privatización" de sus servicios, sino hacer que este organismo sea "útil y eficiente".

Asimismo, ha indicado que los despidos realizados hasta ahora son suficientes "para restablecer las cuentas de ejercicio 2016, con la información de que dispongo en este momento", pero "en el futuro, en función de los escenarios presupuestarios de que disponga, mi obligación y mi deber sería plantear nuevas medidas".

Así se ha pronunciado ante la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición de Ciudadanos, y donde ha detallado que entre los 23 despedidos de abril se encuentran "doce directivos y once trabajadores", que fueron seleccionados "en función de la carga de trabajo, ante la disminución de actividad de la sociedad".

"Honestamente, lo debía plantear porque no entiendo que tengamos personas trabajando, pero sin un cometido" y ha asegurado que, "con un análisis rápido de la plantilla, vi rápidamente que la fusión de Sdodemasa y Sirasa estaba inacabada" porque seguía habiendo "redundancias en la gestión".

Por otro lado, Díez ha dado cuenta de los cuatro despidos llevados a cabo desde su llegada como consecuencia de "medidas disciplinarias" a tres directivos y a un conductor del servicio de recogida de cadáveres.

En todos ellos, tras investigar los indicios detectados, se comprobó que cobraron dietas por gastos de transporte y de manutención que no se habían realizado y que ascendían a más de 6.000 euros. Las sanciones se han llevado a cabo "sin vacilación" y "la empresa ha procedido, por vía de la jurisdicción laboral, a la solicitud de devolución de las cantidades indebidamente percibidas".

Muchas esperanzas
El diputado de C's Ramiro Domínguez ha asegurado tener "muchas esperanzas puestas" en Díez y ha dicho "no tener nada que objetar" ante los cuatro despidos disciplinarios, pero sí respecto a los otros 23 por medidas de "racionalización del gasto", para plantear si "se está desmantelando la empresa para proceder a su privatización".

El diputado del PP, Ramón Celma, ha opinado que "si se quieren cargar SARGA, dígalo" y se ha mostrado perplejo por que "eche a 27 personas, les pague veinte días por año trabajado, no plantee un plan con el aula de medio ambiente" y "aquí no pase nada".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha compartido "el diagnóstico" de Díez para conseguir el equilibrio y reestructuración de Sarga "para adecuarse a las necesidades para las que fue creada y debido a la situación económica en que nos encontramos", además de haber agradecido que "ante los abusos de confianza detectados hayan ido hasta el final".

La parlamentaria de Podemos, Marta de Santos, ha asegurado que "Sarga no es transparente", "no conocemos sus cuentas ni sus interiores" y "está diseñada bajo ese estúpido velo de la eficacia para poder ocultar muchos detalles de su funcionamiento", además de que "no estamos muy convencidos en los pasos que se están dando" y "cómo se han tomado las decisiones".

La diputada del PAR, Lucía Guillén, ha sostenido que "dos meses después de su llegada ya podemos ver a qué ha venido", "a hacer limpieza" y ha acusado a Díez de que con los despidos "no se va a ahorrar un millón de euros, sino que se van a dejar de invertir en el territorio rural aragonés".

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto ha reconocido que Díez "ha ido a poner cierto orden y control donde no lo había", pero ha planteado la duda de si lo hace "para que sea útil o para finiquitarla" y preguntar si "deberían exigirse responsabilidades políticas" a los anteriores gestores tras haberse detectado que "se hacía lo que daba la gana" en cuanto al control de caja y de los gastos de dietas y kilometraje.
 







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