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Transporte

El Gobierno y Competencia van a los tribunales por Uber

La Audiencia Nacional podría tardar hasta un año en pronunciarse sobre este asunto.

Efe. Madrid Actualizada 09/04/2016 a las 12:46
Carles Lloret. director de Uber en el sur de EuropaREUTERS/Juan Medina

La guerra entre el sector del taxi y Uber, que se ha convertido en un enfrentamiento entre Competencia y el Gobierno, ha pasado a manos de la justicia, con lo que queda en suspenso a la espera de la decisión que tome la Audiencia Nacional, que podría tardar un año en pronunciarse.

El conflicto ha sufrido un nuevo vuelco, tras la presentación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de un recurso contencioso-administrativo contra las "barreras" establecidas en la normativa del arrendamiento de vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobada por el Gobierno en noviembre de 2015 y donde se ubican servicios como los de Uber.

Aunque los plazos que marca la ley para este tipo de demandas son "muy veloces", los taxistas no esperan que la sentencia de la Audiencia Nacional se produzca antes de la primavera de 2017.

No obstante, según fuentes del sector del taxi, cabe la posibilidad de que la CNMC pida la suspensión cautelar del reglamento mientras dure el proceso, en el que la patronal Fedetaxi se personará junto con el Ministerio de Fomento.

La actuación del regulador, que ya en enero pasado requirió al Gobierno la anulación de varios artículos incorporados en la normativa, bajo la amenaza de llevar el asunto a los tribunales, lo que finalmente se ha producido, coincide con la vuelta de Uber a España, donde cesó su actividad por orden de un juez en diciembre de 2014.

Uber comenzó a operar en España en abril de 2014 en Barcelona y en septiembre de ese año en Madrid con la aplicación UberPop, que es la que fue prohibida en España, y tras la suspensión ordenada la compañía estadounidense ha retomado su actividad hace diez días con el servicio UberX, que opera precisamente con vehículos con licencia VTC, en cuya regulación Competencia ve muchas restricciones a la libre competencia.

Estas van, en su opinión, desde límites cuantitativos, ya que el real decreto permite que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, siendo esta negativa automática cuando exista más de una licencia de VTC por cada treinta de taxi, hasta la obligación de contratar previamente los servicios, impidiendo la contratación directa en la calle.

Este inusual comportamiento de la CNMC con el que arropa a Uber, que incluso ha provocado un conflicto en el seno del propio regulador, evidencia, a juicio de los taxistas, su intención de desregular y privatizar el servicio público y entregarlo a grupos de presión y multinacionales de la "falsa economía colaborativa".

Competencia, que basa su recurso en la ley de garantía de la unidad de mercado, asegura que una mayor competencia entre los taxis y los VTC beneficiará a los consumidores, gracias a una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.

Los taxistas echan abajo este argumento, asegurando que, si se privatiza el servicio, empresas como Uber pronto se convertirán en un oligopolio que controlará la movilidad urbana y subirá precios a su antojo en un mercado cautivo de sus plataformas.

Uber anuncia que su nuevo servicio ofrece ahorros del 30 % respecto a otras alternativas "tradicionales" en trayectos por la ciudad y hasta el 40% en desplazamientos al aeropuerto, que es donde los taxistas madrileños notan más la competencia de la plataforma, así como en las estaciones de tren.

Sin embargo, los taxistas subrayan que Uber no es más barato que ellos, ya que hace ofertas (con el dinero de sus chóferes) para conseguir mercado, y cuando lo logra, sube precios.

Además de ser un mero instrumento de Google Maps, Uber detrae a sus chóferes un 25% del precio de la carrera, y con lo que le queda el conductor tendrá que pagar impuestos, seguros sociales y todos los gastos de la actividad, mientras que la multinacional "se lo lleva limpio".

Por esta razón, la "vida media" de un chófer de Uber es de 7 semanas porque, a ese ritmo y con semejante precariedad, pocos aguantan, denuncian los taxistas. 







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