El presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, ha comunicado a sus trabajadores que por el momento no ha conseguido la liquidez necesaria para pagar las nóminas que vencen a finales de febrero, aunque espera que "en los próximos días" pueda resolver este asunto.

En una carta a los empleados, a la que tuvo Domínguez Abascal ha apuntado que "desafortunadamente los esfuerzos que está llevando a cabo Abengoa para conseguir la liquidez necesaria para el pago de todas las nóminas que vencen a final del mes de febrero aún no han dado resultado".

Tras reconocer que es "consciente del grave perjuicio" que esto causa a un gran número de empleados de Abengoa, Domínguez Abascal espera que "en los próximos días podamos resolverlo", por lo que los trabajadores serán informados para indicarles la fecha en la que se producirá el pago.

Igualmente les ha recordado que se encuentran "en la recta final" para cerrar un preacuerdo para la reestructuración financiera de Abengoa, ante lo que Domínguez Abascal confía en que serán capaces de lograrlo "en los próximos días" y que a partir de él "podamos garantizar la viabilidad futura de Abengoa".

Domínguez Abascal ha agradecido el "trabajo y compromiso" de los trabajadores y lamenta "profundamente" que se haya llegado "a esta situación que espero sea breve".Rechazan de nuevo la póliza de seguro para cubrir la fianza

Por otro lado, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo la póliza de seguro presentada por el ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, para cubrir su fianza, en línea con una decisión similar referida al expresidente de la empresa Felipe Benjumea adoptada hace apenas cuatro días por la misma instancia.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia ratifica la decisión del juzgado de Instrucción Central número tres en la que se inadmitía la presentación de una póliza de seguro para cubrir la fianza exigida y se emplazaba a Sánchez Ortega a consignar la cantidad de 4,5 millones de euros en el plazo de veinticuatro horas.

El exdirectivo había presentado unos avales emitidos por las sociedades XL Insurance Company y AIG Europe Limited asociados a unas pólizas de seguro de responsabilidad de administradores y directivos de la propia Abengoa.

La Audiencia Nacional rechaza la petición con el argumento de que el acto asegurado se refiere a "errores de gestión" y no abarca en momento alguno actos dolosos de los asegurados.

Además, la rechaza porque la póliza contiene una cláusula de reversión de la aseguradora contra la entidad tomadora del seguro solidaria con los asegurados, lo que desvirtúa la naturaleza de ésta como tomadora.

"Tales diferencias esenciales en la situación de la tomadora del seguro como responsable civil directo frente a la aseguradora determinan la inaplicabilidad al presente caso de la resolución invocada", señala.

La juez de la Audiencia Nacional Lamela impuso a Benjumea y Sánchez Ortega el pasado mes de diciembre sendas fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros.

Para hacer frente a la caución, la magistrada ordenó el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, aunque a este último le levantó la caución días después de que presentara un aval bancario para cubrir la fianza.

La magistrada ordenó también bloquear los saldos que constan en las cuentas bancarias de Benjumea, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa contra Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.

La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".

Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.

Por otro lado, la Asociación de Proveedores y Subcontratistas del grupo de empresas Abengoa SA (Aprosab) tratará de buscar y gestionar ayudas, tanto de carácter público como privado, para "mitigar el impacto" que sobre esos proveedores y subcontratistas supondrá la quita del 60% finalmente planteada por la multinacional andaluza.

Fuentes de Aprosab han explicado a Europa Press que este viernes la empresa les ha remitido por escrito lo anteriormente transmitido verbalmente, de forma que la quita de la deuda con proveedores finalmente se establece en un 60%.

El 40% restante se mantiene como deuda, de los que el 30% del total de la deuda con proveedores se cobraría antes del 30 de junio de este año y el diez por ciento restante del total se cobraría en 12 meses en junio de 2017.

"Ya se ha despejado el horizonte de la propuesta de Abengoa, por lo que ahora se abre un período negociador para ver qué margen de maniobra tenemos dentro de esa propuesta, y que responda al plan de viabilidad de la multinacional", han agregado fuentes de Aprosab, quienes apuntan que se va a tratar de "negociar dentro de los márgenes de maniobra que tiene la empresa dentro de su plan de viabilidad".

En ese sentido, fuentes de Aprosab han precisado que ahora tratarán e intentarán gestionar ayudas, tanto procedentes del ámbito privado como del ámbito público para mitigar ese impacto y que permitan a las empresas proveedoras soportar ese impacto.

En ese sentido, la asociación, formada por un grupo de subcontratistas y proveedores liderado por EFC Group, cree que "la forma de que se puede gestionar cualquier tipo de ayudas es consiguiendo que la asociación coja masa crítica, lo cual permitiría representar a muchas compañías y un importante volumen de empleo y así poder tramitar y gestionar esas ayudas".

Aprosab asimismo va a intentar involucrar a las administraciones públicas "para que habiliten garantías a la hora de otorgar un plazo para devolver esta deuda, pues ahora mismo, con esta quita, se generan pérdidas directas para las empresas proveedoras, por lo que la única forma de mitigarla es negociar con el margen que da la compañía".

"Trataremos de solicitar las ayudas para mantener y gestionar la viabilidad de las empresas, y que esas ayudas sean capaces de absorber ese impacto", han añadido.