La Comisión Europea (CE) ha endurecido el tono contra la evasión fiscal de las multinacionales, ante la continuada sangría de ingresos que causa a las arcas públicas europeas, que Bruselas estima que se ven privadas de entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año.

El paquete puesto sobre la mesa por la Comisión incluye medidas muy concretas con las que espera poder atajar buena parte de los trucos que utilizan las grandes compañías para eludir el pago de impuestos en Europa.

Aunque parte de sus medidas atacan a los paraísos fiscales externos -por ejemplo, obligando a tasar los beneficios que se transfieran a esos territorios-, la Comisión propone una serie de acciones que en realidad buscan atajar la competencia entre los sistemas fiscales de los propios socios comunitarios.

El movimiento es delicado: por una parte, es necesario convencer a los países de que asuman por unanimidad las nuevas obligaciones en un apartado que mantienen como una de sus competencias más preciadas, la fiscalidad.

Por otra, las medidas tienen que mantener un cierto nivel de ambición para ser efectivas sin que los países que favorecen el trato ventajoso a las multinacionales -Bélgica, Holanda, Irlanda y Luxemburgo son algunos de los Estados que han sido puestos bajo la lupa de Bruselas- se sientan atacados.

Romper en 2014 el veto de Austria y Luxemburgo al intercambio automático de información sobre ahorros bancarios costó seis años. Desde entonces se han ido dando más pasos a nivel comunitario en la lucha contra la evasión fiscal, en buena medida al amparo de escándalos como LuxLeaks.

La Comisión quiere seguir aprovechando la vía abierta por las polémicas en torno a la fiscalidad de las multinacionales, la sensación de injusticia que éstas generan entre los ciudadanos y las empresas locales -que proporcionalmente tributan un 30 % más que las multinacionales, según el comisario de Fiscalidad, Pierre Moscovici- y las necesidades financieras de los propios países tras la crisis para avanzar aún más.

Está incluso decidida a volver a poner sobre la mesa antes de finales de año la Base Tributaria Consolidada Común del Impuesto de Sociedades (BTCC, o CCTB por sus siglas en inglés), que se encuentra en un cajón olvidada desde 2011.

La armonización es percibida por Bruselas como la verdadera solución a los problemas de competencia desleal entre los países europeos, si bien a largo plazo, ya que supondría un paso significativo en la integración europea en un ambiente marcado por las negociaciones sobre la permanencia del Reino Unido en la UE y los cruces de acusaciones ante la crisis migratoria.

Nadie duda de que la propuesta puesta sobre la mesa ya va a encontrar oposición por parte de las capitales, por lo que Moscovici ha pedido el apoyo al Parlamento Europeo -cuyo presidente, el también socialdemócrata Martin Schulz, ya ha afirmado que trabajará para hacerlas realidad- y de los países.

"No tengo una bola de cristal, no sé qué harán los países cuando la propuesta esté sobre la mesa, pero está en línea con normas comunitarias, aunque probablemente llevará a discusiones", dijeron por su parte fuentes comunitarias.

Las reticencias también son compartidas por algunos sectores del mundo empresarial, que teme que Europa adopte estándares contra la evasión fiscal más exigentes en solitario y que esto dañe su competitividad frente a sus competidores.

"La UE no debe actuar como el líder a la hora de implementar las medidas contra la erosión de la base fiscal, y no debe minar la competitividad de su industria o dañar su atractivo como destino de inversión", ha dicho el director general de la patronal europea BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

Por el contrario, la ONG Oxfam ha criticado las medidas presentadas al considerar que la Comisión se ha dejado influir por la presión de "países nerviosos que han dejado puertas abiertas para que las compañías lleven a cabo planificación fiscal agresiva", y dijo que la ciudadanía espera más al respecto.