Tercer Milenio

​La investigación fiscal sobre Rato se centra en un "complejo entramado societario familiar"

El exministro ha negado que tenga o haya tenido nunca una sociedad con sede en paraísos fiscales.

Rodrigo Rato. efe
Rodrigo Rato. efe
Efe

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar", según han explicado  fuentes próximas al proceso.


Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales con la amnistía fiscal.


A partir de ahí, sería el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.


En un primer momento, el foco estuvo puesto sobre nombres de altos cargos o antiguos miembros de la administración que aprovecharon la amnistía para regularizar su patrimonio y es ahí donde apareció el nombre de Rato, como adelantó el diario digital Vozpópuli.


La misma publicación aseguraba que el expresidente de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75 % de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes.


En declaraciones a Efe, Rato ha negado que tenga o haya tenido nunca una sociedad con sede en dichos paraísos fiscales, al tiempo que ha asegurado que no tiene constancia de que esté siendo investigado por el Sepblac.


No obstante, el que fuera ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José María Aznar ha declinado comentar si se acogió a la amnistía fiscal, una noticia que fuentes del Gobierno han confirmado a varios medios y ha generado un aluvión de reacciones.


Los grupos parlamentarios de la oposición fueron los primeros en criticar ayer la posibilidad de que Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria, que coloquialmente se conoce como amnistía fiscal.


Por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que no puede informar sobre los contribuyentes, mientras que el titular de Economía, Luis de Guindos, subrayó que no puede comentar absolutamente nada, pues cualquier posible investigación del Sepblac está sujeta a deber de confidencialidad.


Con el objetivo de hacer aflorar dinero no declarado, el Gobierno aprobó en el marco de los presupuestos para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10 % para todas las rentas que salieran a la luz.


El gravamen era del 8 % para empresas que aflorasen dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.

El proceso, que estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012, permitió que se declararan 40.000 millones de euros y supuso ingresos de 1.200 millones para las arcas del Estado, casi la mitad de lo que el Gobierno esperaba recaudar.


Sin embargo, quien haya cometido un delito de blanqueo o alzamiento de bienes seguirá siendo responsable de ello aunque se hubiese acogido a la amnistía fiscal, lo que provocó que la Agencia Tributaria detectara 705 casos sospechosos, entre ellos el de Rato, remitidos de forma inmediata al Sepblac después de febrero.