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Economía

El Congreso refrenda las nuevas vías de financiación para comunidades y ayuntamientos

Conlleva la creación de un Fondo de Financiación, otro Social y accesibilidad a los mercados.

Europa Press. Madrid Actualizada 20/01/2015 a las 10:16
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Cristobal Montoro, ministro de HaciendaNacional

El Pleno del Congreso convalidará este martes, en una sesión extraordinaria, el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de diciembre para reorganizar y completar los mecanismos de financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En concreto, se crea un nuevo Fondo de Financiación Autonómico integrado por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), existente ya para las regiones con problemas; la Facilidad Financiera, para abaratar el acceso a los mercados a las comunidades que cumplen la normativa de estabilidad y morosidad; y un nuevo Fondo Social.

Según la memoria de impacto que acompaña al decreto ley, las necesidades de financiación del Fondo de las Comunidades Autónomas serán absorbidas mediante la dotación prevista en el Presupuesto de 2015 para el FLA, si bien los recursos definitivos necesarios no se podrán calcular hasta saber cuántas comunidades cumplidoras se acogen a la Facilidad.

Sin impacto en el déficit


Esto podría hacer necesarios nuevos fondos que, "en todo caso, se financiarían a través de los Presupuestos Generales del Estado". En cualquier caso, el Gobierno confía en que esto no conllevaría un incremento del gasto público ni tendrá incidencia sobre el déficit público, ni del Estado, ni del conjunto de las administraciones públicas.


Y es que el objetivo de este Fondo es "financiar vencimientos y necesidades de déficit público previstas o pendientes de financiar", por lo que su uso sólo supondrá la "conversión de la deuda correspondiente a obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores ya ejecutadas y registradas previamente" en deuda financiera de las administraciones territoriales con el Estado.


Con el nuevo Fondo de Financiación las comunidades autónomas podrán ahorrarse unos 5.550 millones de euros, gracias a un tipo cero en las operaciones de refinanciación y reestructuración de deuda, a la Facilidad Financiera, al nuevo FLA (que funcionará básicamente como hasta ahora) y al Fondo Social, que pondrá a su disposición unos 1.000 millones de euros para pagar facturas derivadas de convenios con los ayuntamientos que están pendientes de pago.

También para los ayuntamientos


En el mismo decreto, el Gobierno también reconfigura los mecanismos de financiación de los ayuntamientos, poniendo en marcha un nuevo Fondo de Financiación de las Entidades Locales constituido por un Fondo de Ordenación y otro de Impulso Económico, destinados respectivamente a las haciendas locales con problemas y a las saneadas.

El Ejecutivo confía en que tampoco estos dos nuevos mecanismos conlleven un incremento del gasto público ni del déficit, dado que se destinan a financiar vencimientos previstos, y cuenta con que los 820 millones de euros con los que estará dotado salgan sin problemas del FLA de 2015. No obstante, en caso de requerirse una dotación adicional de recursos, éstos se financiarán a través del Presupuesto del Estado.

En este caso, dado que el Fondo de Impulso Económico puede utilizarse para financiar proyectos de inversión relevantes o financieramente sostenibles, sí podría suponer un incremento de deuda y ser fuente de déficit, si bien en ningún caso esta posibilidad debería provocar problemas para que los ayuntamientos cumplan con sus compromisos de gasto ni de plazos de pago a proveedores. Con el nuevo Fondo de Financiación a las Entidades Locales el Gobierno espera que las haciendas locales se ahorren 1.621 millones de euros.


Positivo para la economía


Con carácter general, el Gobierno confía en que estas medidas tendrán un efecto positivo para toda la economía, ya que al permitir que las administraciones territoriales accedan en mejores condiciones al crédito se conseguirá una reducción en el coste de su financiación, lo que permitirá avanzar en el saneamiento de sus balances y "asegurará la correcta prestación y la continuidad de los servicios".

Igualmente, el Ministerio de Hacienda se muestra convencido de que la modificación de la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera --actualmente en tramitación en el Congreso-- será positiva para los proveedores de servicios, porque podrán cobrar de manera más ágil, lo que les facilitará la liquidez y el mantenimiento del empleo. El decreto ley que se convalida este martes en el Congreso se completa con un proyecto de ley que articula las medidas normativas necesarias para hacer posibles estas ayudas a la financiación autonómica.

Dividendo digital


Por otra parte, la norma que será debatida por la Cámara Alta incluye también la prórroga de tres meses en la entrada en vigor de la liberalización del dividendo digital, que debía entrar en vigor el pasado 1 de enero y que finalmente no se pondrá en marcha hasta el 1 de abril.

Según la memoria de impacto del decreto, este retraso provocará un retraso en la recaudación por la tasa por reserva del uso del espectro por parte de los tres operadores móviles que deberían ocupar la banda de frecuencia de las televisiones a razón de 127.500 euros al día, es decir, 3,8 millones de euros al mes.

Como la moratoria se ha fijado en tres meses, hasta el próximo 31 de marzo, el coste total para las arcas públicas en todo el periodo es de unos 11,4 millones de euros.

115 días de compensación


No obstante, también se compensará a los operadores por este retraso mediante la extensión del periodo de vigencia de las concesiones en 1,27 días por cada jornada de retraso, ajustando el número total de días por exceso en cantidades enteras.

Esto supone un total de 115 días, durante los cuales las empresas también habrán de pagar la correspondiente tasa por lo que la pérdida de ingresos debería quedar compensada en el futuro.

El Gobierno defiende en la memoria que si el día 1 de enero hubieran cesado las emisiones en los canales radioeléctricos de la banda de frecuencias 790 MHz a 862 MHz "una parte significativa de la población no estaría en condiciones de seguir recibiendo en sus domicilios varios canales que conforman la oferta del servicio de comunicación audiovisual televisiva".

Sin embargo, con el nuevo plazo de tres meses se espera que "el proceso de adaptación estará prácticamente completado" para cuando cesen las emisiones en las frecuencias afectadas por el dividendo digital.


 







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