Los ejecutivos piden medidas contra la corrupción pero no actitudes antisistema

El presidente de Deloitte ha animado a "apoyar el sistema" aunque "sin caer en posturas fatalistas".

Directivos de destacadas empresas españolas han reclamado medidas contra la corrupción pero sin generalizar las acusaciones ni caer en posiciones antisistema durante un debate del Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebra en Sevilla.


Ciril Rozman, director general de Agbar en América, ha destacado que "la vorágine policial, judicial y mediática" vivida en España en los últimos días "nos tiene a todos asqueados", y ha pedido que se reaccione contra la corrupción que, entre otros perjuicios, deteriora la imagen exterior de España.

Con todo, ha abogado por reforzar los "referentes éticos" de la sociedad española, en especial en el ámbito educativo, y ha dicho que "no educar en valores es hacer dejación de funciones de la educación".


Para Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, es necesario que la sociedad española reaccione contra la corrupción "apoyando a las instituciones" en la lucha contra las actitudes ilícitas, pero "sin caer en la generalización de que todas las personas son corruptas".


"Hay que soportar al sistema, apoyar al sistema y exigir que las instituciones funcionen pero sin caer en las posturas fatalistas y antisistema", ha espetado.


En opinión de Alvaro Mengotti, director general de AIG para España y Portugal, es patente la petición de la sociedad española de que "se regenere la clase política" y ha sostenido "que el que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver".


Ha apoyado un "gran pacto entre los españoles" en contra de la corrupción y ha defendido "los equilibrios de poderes" para combatirla.


"La sociedad civil tiene que dar un paso hacia delante y no consentir comportamientos corruptos", ha concluido.


Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis Infraestructuras, ha opinado que no existe una corrupción institucional sino de personas, y ha pedido que no se generalicen las acusaciones de comportamientos ilícitos a todos los políticos o funcionarios para subrayar que la corrupción es, en primer término "la ausencia de la buena administración".