El Tribunal Supremo ha admitido el recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la investigación contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales.

Fuentes jurídicas han confirmado la decisión del Alto Tribunal, con la que da la razón al instructor del caso, el juez Pablo Ruz, que imputó a Carceller y dictó la apertura de juicio oral al empresario como "cooperador necesario" en la causa en la que se acusa a su padre, Demetrio Carceller Coll, de defraudar al fisco más de 70 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir penas para Carceller Arce de 14 años de prisión y de 48 años y medio para su padre pero, en enero, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional retiró la imputación del presidente de la cervecera. De esta forma, ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones contra él al estimar el recurso que presentó su defensa contra el auto en el que Ruz le imputaba cuatro delitos contra la hacienda pública y uno de blanqueo de capitales.

La Audiencia consideraba que se daba una "inexistencia de datos acreditados que apunten a la ejecución por el recurrente de actos de cooperación necesaria" para la "defraudación de naturaleza penal", por lo que decidía "rechazar las imputaciones". Entre otras cuestiones, los magistrados señalaban que "la actividad de gestión del recurrente -Carceller Arce- no resulta acreditadamente integrada en lo ilícito por actividades de clase alguna encaminadas al fraude fiscal", es decir, que éste "no gestionaba sino que, en actividad marginal, controlaba la gestión de otros respecto de las inversiones" de su padre.

Así, el auto resaltaba que la sala "no puede compartir" ninguna de las afirmaciones que sustentaron la imputación. En concreto, subrayaba que del contenido de las "las agendas incautadas en el registro del domicilio de Serrano Flórez", uno de los colaboradores del padre de Carceller Arce para el que Anticorrupción pidió 19 años, "no se extrae más que la inocuidad de unos apuntes de gestión no decisoria". Pablo Ruz imputó a Carceller Arce en septiembre de 2013 afirmando que el empresario participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias que tiene en Arizona.

Arce estaba acusado de articular junto al "hombre de confianza" de su padre, Serrano Flórez, y el abogado del despacho Pretus de Barcelona Pretus Labayen -en cuyo caso la petición de pena ascendía a 42-, las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas y patrimonio de su padre y simular la residencia de su progenitor fuera de España.

De los informes elaborados por la Agencia Tributaria se desprende que Carceller Coll podría haber defraudado entre 2001 y 2009 un total de 42,34 millones en concepto de IRPF y otros 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.