El PSOE ha pedido un pacto de Estado de energía y una auditoría regulatoria del sector que permita introducir cambios en el sistema eléctrico que abaraten el componente eléctrico del recibo de la luz -que supone menos de la mitad del total- alrededor de un 12 % en el año 2020.

En un encuentro con medios de comunicación, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha planteado una hoja de ruta para mejorar el sistema energético, que pasaría por una auditoría regulatoria que permita realizar un diagnóstico adecuado de la situación, la elaboración de un libro blanco y un pacto de Estado para dar estabilidad a largo plazo.

Estos planteamientos, que se debatirán el martes en una moción consecuencia de interpelación en el Congreso de los Diputados, pretenden "poner encima de la mesa una reforma integral del sistema eléctrico" que tiene que ser consensuada porque "si no hay acuerdo en cuanto lleguemos al Gobierno vamos a derogar la ley eléctrica".

Rodríguez Piñero ha calificado el déficit tarifario -que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes regulados y que supera los 30.000 millones de euros- de "presunto" ya que, a su juicio, "no tenemos un problema de déficit de tarifa sino de sobrerretribución" de algunas tecnologías por un mal funcionamiento del mercado eléctrico.

Por ello, el PSOE pide que una auditoría regulatoria determine "cuál ha sido la retribución real" de cada tecnología a lo largo de los años, así como su adecuación a la normativa, según el secretario de Ordenación del Territorio del PSOE, Hugo Morán.

Morán ha asegurado que las centrales hidráulicas y nucleares cubrieron las compensaciones asignadas por la transición a la competencia en 2005, cinco años antes de lo previsto, y que desde entonces han recibido entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales de sobrerretribución.

Tanto el importe exacto de esta sobrerretribución como su validez regulatoria dependerá del resultado de la auditoría, ha explicado Morán, quien ha dejado la puerta abierta a que esto implique posibles quitas en el déficit de tarifa.

En términos de mercado, el PSOE plantea que éste sea marginalista -es decir, que todas las tecnologías que entren cobren el precio de la última, esto es, la más cara- como hasta ahora para los nuevos actores.

Sin embargo, para las centrales existentes sugiere una vuelta al esquema retributivo con que cada tecnología entró en el mercado, para así determinar el precio que le corresponde a su producción en función de sus costes y el precio resultante de mercado.

El PSOE también aboga por definir el mix -la distribución de tecnologías- de generación antes de abordar el resto de la reforma, lo que en la práctica supondrá decidir qué tecnologías tienen que salir del sistema para dar paso a otras nuevas.

También piden una apuesta decidida por las políticas de ahorro y eficiencia energética, así como garantizar que todas las centrales nucleares cerrarán a los cuarenta años de vida útil, es decir, que esta tecnología dejará de funcionar en España en 2028.