Crisis económica
Aragón por debajo de la media en morosidad de alquileres
En la Comunidad la media se sitúa en 3.239,3 euros mientras que en España es de 6.134 euros, lo que supone un aumento del 13,2% respecto al año anterior.
La morosidad media en los arrendamientos urbanos se cifró el pasado año en 3.239,3 euros en Aragón, mientras la media de España se situó en 6.134 euros, unas cantidades que en el conjunto del país supusieron un aumento del 13,2% en 2012 con respecto a un año antes.
A pesar de este incremento, la cuantía de la morosidad en España alcanzó su máximo en 2010, cuando superó de media los 8.000 euros, según ha señalado este martes el director de Estudios del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), Sergio Cardona, durante la presentación del VI estudio sobre morosidad en arrendamientos.
Además de Madrid, donde la cifra se multiplicó por más del doble hasta 15.828,6 euros, las comunidades autónomas que contabilizaron los mayores importes de morosidad fueron Murcia (12,440,3 euros); Baleares (10.051,1 euros) y País Vasco (8.911,3 euros).
Por debajo de la media se situaron La Rioja (1.507 euros); Castilla y León (2.550 euros); Asturias (3.870 euros) y Aragón (3.239,3 euros).
Por provincias, la cuantía media de la morosidad fue superior en Madrid, con 15.828,6 euros; Barcelona, con 12.627,5 euros y Murcia, con 12.440 euros.
Fue, sin embargo, inferior en Soria, con 904,9 euros; Zamora, con 1.329,5 euros, y Cuenca, con 1.621 euros.
Andalucía lideró los mayores incrementos de la morosidad en los alquileres con un 19,1% más, seguida de Madrid (18,6%); Comunidad Valenciana (16,7%); Cataluña (14,8%) y Murcia (14,4%).
En el lado contrario se situaron Cantabria (0,96% más), Navarra (1,7%), La Rioja (1,94%), Canarias (2,45%) y Asturias (2,4%).
Las provincias que registraron en 2012 un mayor incremento interanual de la morosidad fueron Málaga (25,8%); Granada (25,2%) y Huelva (23,4%), y las que menos, Cantabria (0,9%); León (1,1%); Navarra (1,7%) y Burgos (1,8%).
El Fichero de Inquilinos Morosos contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales de la gestión de alquileres. Asimismo, dispone de información procedente de sentencias judiciales por desahucio.
