Las Cortes

Rechazada una iniciativa de IU que pedía el cobro en tiempo y forma del IAI

La iniciativa ha sido rechazada por los grupos que sostienen al Gobierno, PP y PAR, con 34 votos, y apoyada por PSOE, CHA e IU, con 27. El PP ha presentado una enmienda de modificación al texto que no ha sido aceptada.

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida (IU) que pedía "de forma urgente" todas las medidas necesarias en recursos personales y materiales para que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se cobre en tiempo y forma. Igualmente, reclamaba garantizar los recursos económicos suficientes para que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder a él. 


La iniciativa ha sido rechazada por los grupos que sostienen al Gobierno, PP y PAR, con 34 votos, y apoyada por PSOE, CHA e IU, con 27. El PP ha presentado una enmienda de modificación al texto que no ha sido aceptada.


La diputada de IU, Patricia Luquin, ha asegurado que en estos momentos "muchas personas que tienen todos los requisitos" para percibir el IAI no se benefician de él y se han "triplicado" las quejas al Justicia de Aragón "por el retraso en el pago", habiendo acumulado en este año "más quejas que en todo el 2012".


"Los plazos se dilatan en exceso, pese a la rápida tramitación en los centros municipales", cuando para estas personas es "el único recurso" para atender "sus necesidades más básicas", mientras el Gobierno de Aragón "no hace nada y mira para otro lado", a pesar de que recibir este ingreso es un "derecho reconocido por ley". 

Procedimientos adecuados

La diputada del PP, Carmen Susín, ha defendido una enmienda que pedía "mantener los procedimientos adecuados que permitan tramitar los expedientes y realizar su correspondiente pago en tiempo y forma", así como garantizar recursos materiales y económicos teniendo en cuenta tanto las disponibilidades presupuestarias como su condición de créditos ampliables.


No ha sido aceptada por el grupo proponente ya que Luquin ha argumentado que hay que "adaptar los recursos a las necesidades y no éstas a los recursos".


La parlamentaria socialista, María Victoria Broto, ha asegurado que este año "no se están dando nuevas altas" en el IAI y se ha preguntado si, "con la que está cayendo, ustedes consideran que esto puede ser lógico" por lo que ha pedido al Ejecutivo que "se tome en serio" este asunto porque está "obligado a tener los recursos suficientes" para atender este ingreso.


El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha abogado por "evitar demoras de cualquier tipo" y ha opinado que el Gobierno aragonés "ha mostrado su voluntad de cumplir los compromisos necesarios para eso".


La diputada de CHA, Nieves Ibeas, ha remarcado que el IAI "no es una ayuda graciable, es un derecho ciudadano regulado por ley" por lo que "es exigible". Ha añadido que "estamos hablando de apenas 400 euros para que la gente pueda vivir con lo mínimo cubierto, como alimentación y vivienda". 

Plan de lucha contra la pobreza

El pleno de las Cortes ha rechazado otra iniciativa, presentada por CHA, que pedía un plan integral de actuación al Ejecutivo autonómico "ante la necesidad de aumentar la protección social y la lucha contra la pobreza y la exclusión".


Este plan debía servir, según la propuesta, para afrontar la situación de emergencia "que están viviendo muchas personas y familias, garantizando su atención básica y la prevención de la exclusión", así como para "sentar las bases sólidas" esta legislatura con el objetivo de "lograr la máxima cohesión social".


Entre sus objetivos, CHA proponía garantizar los ingresos mínimos y suficientes para que las personas puedan hacer frente a sus necesidades básicas y reducir en un 50 por ciento el paro de quienes están en situación de exclusión, tanto con empleo ordinario como protegido.


Además, abogaba por contar con los recursos necesarios para la red de servicios sociales públicos y atender, especialmente, a la ciudadanía en situaciones de urgencia o carencia grave.


En materia de vivienda, apostaba por erradicar la práctica de desahucios a personas y familias en situación de pobreza y de exclusión; ampliar la bolsa de viviendas de inclusión; mejorar la habitabilidad de las 'infraviviendas', y el acceso a viviendas sociales de bajo alquiler a un 30 por ciento de la población con necesidad de ésta.


Asimismo, pedía medidas transversales que reforzaran las intervenciones integrales y el acompañamiento en los procesos de inserción y las transferencias necesarias a las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para asegurar la protección social de las personas que lo requieran.