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Política agraria

España insiste en flexibilizar para ajustar pagos directos entre agricultores

Arias Cañete no comprende cómo se puede defender una tasa uniforme por región en un país con una diversidad productiva como la de España.

Rosa Jiménez. Luxemburgo Actualizada 22/04/2013 a las 22:01
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Arias Cañete habla con su homóloga alemana, Ilse Aigner.EFE/NICOLAS BOUVY

España insistió este lunes ante la UE en la necesidad de poder contar con flexibilidad a la hora de reajustar las ayudas directas entre regiones y agricultores según la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2014-2020.

"Se está avanzando en muchos ámbitos", aunque "todavía hay algunos que son especialmente sensibles para nosotros", dijo a Efe el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al término del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) celebrado este lunes en Luxemburgo.

En la reunión se hizo un balance de las negociaciones a tres bandas entre la Comisión Europea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo para cerrar la reforma.

"Hay un campo donde la Comisión Europea tiene una actitud dura respecto al acuerdo que se alcanzó en el Consejo, que es el tema de la convergencia interna", dijo el ministro, en referencia a la flexibilidad que piden países como España para ajustar las ayudas a nivel nacional.

El ministro español indicó que la Comisión "sigue sosteniendo que tiene que haber una gran aproximación de ayudas hacia la renta por hectárea calculada en media nacional".

En concreto, la CE ha propuesto una transición hacia una tasa plana para los pagos directos a los agricultores a nivel nacional en 2019, de forma que reciban más ayudas los que antes tocaban a menos.

En cambio, Arias Cañete destacó a Efe que el Gobierno español y muchas delegaciones creen que "hay que apoyar el acuerdo al que llegamos en el Consejo" de Ministros sobre la necesidad de limitar la convergencia para "mantener los actuales niveles de apoyo en los grandes cultivos sin grandes modificaciones".

De esa manera, España y otros países como Italia piden contar con mayor flexibilidad para aplicar los pagos directos entre regiones y explotaciones, a fin de evitar así importantes trasvases de fondos entre agricultores, sectores y territorios.

El ministro español dejó claro en el debate con sus homólogos comunitarios que, para España, el sistema que se dé a la convergencia interna "condicionará totalmente nuestra posición sobre la reforma", que la presidencia irlandesa de turno de la Unión quiere tener cerrada para junio.

El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, insistió en su intervención en que se trata de "una evolución necesaria para garantizar la equidad" del reparto de ayudas dentro de los países y entre agricultores.

"La Comisión no va a transigir en este punto, y tengo la impresión de que el Parlamento Europeo (colegislador en esta materia) también será firme", dijo Ciolos.

"Para nosotros, éste es el punto clave de la reforma, y pedimos a la presidencia que defienda las proposiciones del Consejo con la flexibilidad necesaria pero con la energía necesaria", apuntó Arias Cañete.

En su opinión, "no comprendemos cómo se puede defender a rajatabla una convergencia hacia una tasa uniforme por región que en un país como España, con una diversidad productiva, va a producir unos efectos devastadores sobre muchos cultivos".

"No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan en razones agronómicas ni económicas ni sociales, como se dice que no va a haber ninguna flexibilidad. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de flexibilidad", añadió el ministro español.

Los responsables europeos discutieron además sobre las medidas transitorias necesarias para que los agricultores puedan recibir los pagos directos correspondientes durante 2014, ya que los Estados miembros no tendrán tiempo para incorporar esas nuevas normas de la futura PAC hasta 2015.

Esas medidas afectarán a los pagos de base, las medidas "verdes" por las que se concederán ayudas directas o las ayudas a los jóvenes y pequeños agricultores, que la Comisión quiere que sean obligatorias en todos los países.







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