El Gobierno de Aragón tendrá que vigilar que el proceso de integración de Caja3 en Ibercaja salvaguarde los derechos e intereses de los aragoneses y de los trabajadores de estas entidades financieras y muy especialmente de los afectados por los acuerdos adoptados recientemente.

Así lo ha acordado, por unanimidad, el pleno de las Cortes de Aragón, al dar respaldo a una moción presentada por el Partido Socialista y que, en este punto concreto, ha contado con la aportación de una enmienda de IU.

También se ha aprobado un punto que pide que se refuerce la continuidad de un sistema financiero solvente, con domicilio e identidad aragoneses, resultante de la plena integración de Caja3 en Ibercaja Banco.

Se ha rechazado, no obstante, la creación de una comisión de investigación para analizar la gestión de la CAI desde el año 2000 y otro sobre el empleo. En éste, se pedía al gobierno que facilitara que el modelo de integración final aplicado permita el mantenimiento voluntario del empleo y evite costes sociales añadidos, tanto en relación con los trabajadores como garantizando la presencia de la entidad en todas las localidades en que esté ubicada en Aragón.

El diputado socialista Florencio García Madrigal, el de CHA José Luis Soro y sobre todo Antonio Ruspira, del PAR, se han mostrado a favor de la fusión porque conforma un sistema financiero con claro carácter aragonés y sin tendencia a la deslocalización.

No obstante, ha recordado Ruspira, la reforma financiera y una fusión de estas características conlleva una reducción de plantilla y la desaparición de algunas oficinas, y por eso ha propuesto una enmienda, que no ha sido aceptada, para pedir que se faciliten las bajas voluntarias de los trabajadores y se garantice una red de oficinas "racional, eficiente y vertebradora".

Precisamente el argumento de IU para rechazar esta fusión es que, al tratarse de dos cajas aragonesas, hay un "mayo solapamiento de oficinas" y, por tanto, más destrucción de empleo, además de que se corre el riesgo de acrecentar el monopolio financiero y de que Aragón perderá "una fuente de financiación".

La diputada del PP Yolanda Vallés ha recordado que las competencias de la administración autonómica en las cajas se limitan al control de sus órganos de gobierno y de su obra social, y ha indicado que no se puede pretender que el gobierno aragonés "tome partido en todos los procesos laborales y mercantiles" que se abren en la comunidad.