El Tesoro Público volverá a someterse al escrutinio de los mercados este jueves con una emisión de letras a 3 y 9 meses, en la que intentará captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros, según consta en la página web del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

El Tesoro introdujo las letras a 9 meses en el calendario de emisión de 2013 después de suprimir las letras a 18 meses. La supresión de estas letras fue una de las consecuencias de la creación de las cláusulas de acción colectiva, que facilitan el cambio de las condiciones de la deuda y el establecimiento de quitas en el papel que va más allá del año.

Al sustituir las letras a 18 meses por las letras a 9 meses, el organismo evita incluir estas cláusulas en las nuevas letras que se emitan y las limita a los bonos y obligaciones.

Esta emisión será la primera después de que el Gobierno haya confirmado que el déficit público se redujo por debajo del 7% del PIB en 2012, no muy lejos del objetivo del 6,3%, lo que, tal y como confía el Ejecutivo, debería mayor credibilidad a las economía española.

En este sentido, el estratega de mercados de IG Markets, Daniel Pingarrón, ha asegurado que el anuncio sobre el déficit se ha dejado sentir de "inmediato" en la prima de riesgo, que se mantiene en el entorno de los 350 puntos básicos.

"Eso asegura un notable éxito en la subasta del Tesoro de notas con vencimiento a medio y largo plazo", ha vaticinado.

Próxima subasta de bonos

El próximo jueves se celebrará una segunda emisión de deuda, con la que el Tesoro intentará captar también entre 3.000 y 4.000 millones en bonos. En concreto, emitirá bonos con cupón 2,75% y vida hasta el 31 de marzo de 2015, obligaciones con cupón 4,30% y vencimiento a 31 de octubre de 2019 y obligaciones con cupón 5,40% a 31 de enero de 2023.

Con estas dos emisiones, el organismo adscrito a Economía cerrará el mes de febrero después de haber colocado 4.610 millones en bonos el 7 de febrero y 5.570 millones en letras el martes 12.

En ambas ocasiones, el Tesoro se vio obligado a ofrecer rentabilidades más altas a los inversores, coincidiendo con los escándalos de corrupción que salpican a diversos partidos políticos en España.