En Aragón hay más de 463.000 mileuristas

Aragón ya cuenta con 463.174 mileuristas asalariados, una cifra que, atendiendo a los últimos datos oficiales de población del INE, supone que un 34,3% de los ciudadanos de la Comunidad cobra menos de mil euros al mes.

Así se desprende del informe elaborado por Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que también señala que un total de 569.687 aragoneses en edad adulta, es decir, el 42,3% del censo, viven en situación de precariedad, "debido al aumento del paro, la rebaja de salarios y los ajustes realizados por el Gobierno".

Mientras que en 2007 los adultos en precariedad en Aragón ascendían a 501.920, el 37,8%, unas 67.700 personas menos que en el presente año.

Por provincias, en la de Huesca se estiman en 100.501, con una tasa de 44%; en la de Teruel, 64.020, el 44,2%, y en la de Zaragoza, 405.197, el 41,6%.

De los 569.687 adultos en precariedad en Aragón, según Gestha, 46.158 son mileuristas autónomos y 60.354 no tienen ingresos.

En el conjunto del Estado se eleva a más de 20,6 millones los adultos en esta situación, el 43,74% del censo, informa este documento presentado en el XII Congreso anual de Gestha, celebrado en Bilbao.

País Vasco y Navarra son las Comunidades Autónomas con la tasa de precariedad más baja, con un 24,11% y un 22,20% respectivamente, y por contra, Extremadura lidera la tabla con un 53% y 590.000 personas adultas en esa situación, seguida de Andalucía con una tasa de 51,1% y casi 4,3 millones de adultos afectados.

El estudio titulado 'Adiós a las clases medias' se ha presentado este viernes en el XII Congreso Nacional de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que ha reunido en Bilbao a más de doscientos representantes de ese colectivo para analizar "la brecha salarial surgida en España entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios como consecuencia de la crisis económica".

Para elaborarlo, los analistas han tomado datos oficiales del propio Ministerio y han calculado la tasa de precariedad que viene dada de la suma de familias cuyos ingresos en su conjunto sean iguales o inferiores a 12.000 euros brutos al año, además de los hogares que no tienen ingresos de ningún tipo, que este año son ya casi los 3 millones en el Estado.

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha explicado que desde el año 2007 se han incorporado a ese índice casi 2 millones de españoles y entre los más afectadas por la crisis, 16 millones de personas en situación de precariedad corresponden a "mileuristas asalariados".

Así, ha denunciado, en estos últimos años la diferencia entre las rentas de los más desfavorecidos y los grandes patrimonios se ha multiplicado y "todavía esa brecha puede ir a peor si no hay una modificación de las políticas fiscales" con las que tanto el Gobierno de PSOE como de PP "han afrontado la crisis, porque son injustas y además están siendo ineficaces".

Las clases medias y bajas se ven afectadas por subidas de impuestos y el pago del IVA, mientras que se "oculta una bolsa de rentas de capital y plusvalías de dimensiones gigantescas en manos de accionistas que no tributan en el IRPF", ha reflexionado.

El informe explica que los recortes aprobados en los últimos años por el Gobierno han impactado en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85% de los trabajadores, y que son las que han soportado el mayor peso de los ajustes fiscales como la subida del IRPF, el aumento del IVA o la reducción de salarios y supresión de la extra de Navidad a los funcionarios.

Carlos Cruzado ha opinado además que la denominada "amnistía fiscal" para empresas y grandes fortunas que cotizaban en el extranjero, va contra "el principio de igualdad constitucional" y representa "un agravio comparativo con quienes sí han incumplido con sus obligaciones fiscales"

Además, esa medida puede tener "una repercusión negativa en la conciencia fiscal en España".

Para contrarrestar esa "brecha" entre los españoles, los técnicos del Ministerio de Hacienda han propuesto una serie de iniciativas "que por sí solas permitirían recaudar más de 60.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales.

En concreto, reclaman las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran más del 70 % de la evasión fiscal y la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza de manera que "el tipo efectivo de esta nueva tasa triplique" al actual impuesto de patrimonio.