El proyecto de ley de transparencia y contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ha incorporado este miércoles una enmienda por la que partidos políticos y sindicatos dejarán de estar exentos del régimen de responsabilidad previsto en el Código Penal para las personas jurídicas.

La modificación, que ya anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha salido adelante a propuesta de UPyD con el apoyo del PP y de Izquierda Plural, pero con el voto en contra de PSOE, PNV y CiU, que han criticado su "populismo".

"No sé hasta qué punto el PP está dispuesto a asumir responsabilidades subsidiarias de personas que están procesadas o imputadas por causas de corrupción de militantes del partido", se ha preguntado el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.

El político vasco ha tachado la iniciativa de "aberración" y ha advertido de que "no se pueden extender responsabilidades individualizables respecto a personas nominalmente imputadas a la globalidad de una organización política, sindical o asociativa... no vaya a ser que varios grupos de esta Cámara queden disueltos".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha asegurado que votarían a favor porque no tienen "nada que ocultar" y para no caer en la "puñalada de pícaro" de una enmienda introducida, a su juicio, para "desviar la atención del debate sobre el fraude a la de la corrupción de los partidos".

La portavoz del grupo proponente de la enmienda, Rosa Díez, se ha declarado "alucinada" porque a alguien le parezca una picaresca presentar una iniciativa para extender la responsabilidad penal aplicable a personas jurídicas a partidos y sindicatos.

En su opinión "no tiene sentido" que los partidos no sigan las mismas normas que ellos mismos, a través de sus cargos públicos, han considerado convenientes para el resto de la ciudadanía y de las distintas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Por ello ha defendido que la inclusión de los partidos políticos y sindicatos en el régimen general de responsabilidad penal previsto en el Código Penal, "colaboraría de forma importantísima a la persecución y erradicación de la corrupción política, prestigiando la política y, por ende, la calidad de nuestra democracia".

El PSOE, por boca de su portavoz Isabel Rodríguez, ha tachado esta modificación de "populismo punitivo", y no de medida que sirva para regenerar la vida política.

Ha recordado que la inclusión de personas jurídicas en 2010 en la responsabilidad penal se efectuó para luchar contra la delincuencia organizada, pero sin que pudiera extenderse a estados, organismos dependientes, partidos y sindicatos, salvo que hubieran sido creados con ese fin.

El portavoz del PP, José Miguel Castillo, se ha mostrado "sorprendido" por las "sobredimensionadas valoraciones" ante la iniciativa, y ha recordado que se trata de una enmienda que ya en su día presentó su partido desde la oposición, pero contó con el rechazo del resto de los grupos.

En definitiva, el proyecto de ley de transparencia y contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ha superado el trámite de comisión pese a las quejas de parte de la oposición por lo que han tachado de "prostitución" del procedimiento legislativo, debido a su rapidez, y la "criminalización" de trabajadores frente a grandes defraudadores.

A juicio de Llamazares el proyecto "deforma la lucha contra el fraude" ya que es en realidad "una coartada" para la "amnistía y la impunidad fiscal" que además "rezuma clasismo" dada la "desproporción" entre los castigos previstos para jubilados o parados y los que afectarán a defraudadores "de cuello blanco".