El consejero de Economía, Francisco Bono, ha afirmado este lunes que el rescate a la banca española de hasta 100.000 millones de euros aprobado por la UE no tendrá repercusiones directas sobre las entidades financieras de Aragón, pero sí sobre el ciudadano, "evidentemente", si se marcan unas condiciones fiscales o en otras materias. 

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía en las Cortes para explicar la repercusión en Aragón del rescate a la banca española a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a petición de IU.

El portavoz de la coalición izquierdista, Luis Ángel Romero, ha recalcado que el rescate afecta directamente al desempleo, porque todo el "deslizamiento" del dinero que en un presupuesto se lleva hacia el sistema financiero es dinero que no se lleva a otras políticas para reactivar la economía.

Romero ha recalcado que el memorando del rescate incluye unas condiciones "muy férreas" que influyen en la economía y el empleo de cada uno de los territorios, de carácter financiero, como el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y los porcentajes de déficit público que marca la UE, y otras que influyen directamente en las ciudadanía y en las economías de pequeña escala de los territorios.

Así, ha hecho hincapié en que cuando se aprueba el memorando se apunta que España tiene que aplicar la reforma laboral, liberalizar los servicios profesionales, eliminar los obstáculos para la obtención de licencias comerciales, anular las deducciones por compra de vivienda o poner sobre la mesa un sistema coherente de consolidación fiscal y de apoyo al crecimiento.

Romero ha insistido en que ya se ha perdido la cuenta del número de reformas del sistema financiero y todavía hoy no fluye el crédito para que mejore la economía, que cada vez está más estancada, por lo que ha opinado que hay que dar "un giro" a toda esta política, que está siendo "un fracaso" y está llevando a "muchísimos dramas", con la paradoja de excesivos "privilegios" hacia la banca para su recapitalización cuando ésta ni siquiera aplica las recomendaciones del código de buenas prácticas en relación con los desahucios.

En su respuesta, Bono ha explicado que el rescate a la banca española no tendrá repercusiones directas sobre las entidades financieras de Aragón, Ibercaja y Caja Inmaculada -integrada en Caja3 con Caja Badajoz y Caja Círculo-, que no han tenido que pedir ayudas públicas, pero "claro" que las tendrá sobre los ciudadanos, ha dicho.

El consejero ha insistido en que no se trata de una polémica sobre sistemas económicos ni políticos, ni de ver si el dinero que va a los bancos debería ir a otros destinos, porque "el problema del país", ha dicho, es la reforma del sistema financiero.

Así, ha remarcado que hay que salir de este problema "cuanto antes" y reforzar el sistema bancario, y luego pedirle a éste cuando esté saneado "que haga su contribución a otros sectores económicos que están pagando la crisis más que ellos".

Por su parte, Florencio García Madrigal, del PSOE, ha incidido en que no habrá "coste cero" para la ciudadanía, sino que será "mucho y multiplicado" y ha opinado que la "desastrosa gestión" de Bankia ha conllevado la petición de un rescate a la banca de hasta 100.000 millones, todo "aderezado" con la destrucción de empleo, con lo que "se pulveriza ese estereotipo de la eficiencia económica" de los gobiernos del PP.

José Luis Soro, de CHA, tras reiterar que el rescate incluye medidas que recaen directamente sobre la ciudadanía, ha mostrado su preocupación por el compromiso del Estado de que las cajas de ahorro no tengan un nivel mayoritario en los bancos desde los que operan, dejando la puerta abierta a fondos de inversión u otros capitales privados, y el objetivo de los accionistas será obtener un lucro para repartir beneficios y no un beneficio para repartirlo socialmente.

"Al final las cajas de ahorro van a ser las mayores víctimas" de este rescate, ha aseverado.

Antonio Ruspira, del PAR, ha advertido de que o se establece una solución a medio plazo o no se podrá reactivar la economía y generar empleo, y para eso hace falta un sistema financiero "solvente y sólido" que pueda tener la posibilidad de volver a inyectar en la sociedad financiación "para poner el sistema de nuevo en marcha", y también de que la "triste realidad" es que a pesar de los esfuerzos de Europa, España o de Aragón, es que la reducción de la tasa de desempleo no se va a resolver en los próximos tres o cuatro años.

Finalmente, Yolanda Vallés, del PP, ha destacado que es necesario un sistema solvente y que se ha optado por la creación de un "banco malo" y por acudir a un fondo europeo para la recapitalización, cuya carga tendrán que devolver las entidades, de forma que habrá efectos en el empleo y en sus oficinas.

La alternativa, ha dicho, sería el cierre y la caída de las entidades financieras, lo que supondría la pérdida de la totalidad de las plantillas y también de la confianza, y eso exigiría tomar medidas como el "corralito" argentino.