La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirá al Estado intervenir las cuentas de las Comunidades Autónomas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria. Pese a ello, en Hacienda están seguros de que ninguna comunidad va a tener que ser intervenida ya que la mediación supondría una merma en la imagen, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.

Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.

En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor el martes.

Lo cierto es que la nueva ley, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB.

Este objetivo es más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

Así, este lunes finaliza el plazo para que las Comunidades Autónomas presenten sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes de dar paso a otras medidas.

En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.

Todas las CC. AA. han pedido ayuda a la Administración Central

Aunque ninguna de las Comunidades Autónomas han solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo.

Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y presidentes autonómicos, por lo que desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una primera garantía de cumplimiento.

En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección", después de que el Gobierno avisará de que los 219 millones que reclaman por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente de cobro por parte del Estado.

En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las Comunidades Autónomas que 'suspenden'.

Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.

A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial", podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.

Además, Beteta ha puesto el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.

Por su parte, Fernández Currás ha puesto el acento en la importancia de la Ley y ha asegurado que marcará el inicio de una senda de recuperación de la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no interesan, porque nos ven como un solo país", ha añadido.

Pese a ello, en Hacienda creen que ninguna comunidad autónoma tendrá que ser intervenida ya que ninguna de ellas se ha puesto en contacto aún con dicho departamento para pedir la "intervención voluntaria".

Así lo indicaron en fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que concretaron que las Comunidades Autónomas son conscientes de que aquella comunidad autónoma que tenga que ser intervenida sufrirá un deterioro en su imagen que será penalizada en los mercados a la hora de seguir financiándose y que antes de ello es mejor pedir voluntariamente ayuda a la Administración General del Estado (AGE).

"Socio fiable"

Por su parte, el Ministerio ha editado un vídeo en el que afirma que la entrada en vigor, este martes, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "reforzará" el papel de España en la UE al poner de manifiesto que es un "socio fiable" para los Estados miembros, lo que a su vez garantizará una mayor confianza en la economía y más crédito para los emprendedores.

En la cinta se explica que la norma fija una deuda máxima del 60% del PIB, la elaboración de presupuestos "mediante techo de gasto" y la autorización de déficit "en situaciones muy excepcionales". Además, se incluye un gráfico con la evolución de los datos del PIB, el paro y el déficit entre 2007 y 2011.

"Según la Constitución, corresponde al Gobierno coordinar la política económica de todas las administraciones públicas, y el Gobierno ejerce ya esa responsabilidad: si hay incumplimientos, la administración afectada debe aprobar en quince días la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido, y se establecen sanciones si el incumplimiento persiste", precisa.

En este contexto, la agencia de calificación crediticia Moody's ha destacado que la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria refuerza la capacidad del Gobierno central para realizar una supervisión y un control más fuerte sobre las finanzas regionales, al poder imponer sanciones e incluso intervenir aquellas comunidades que se desvíen de los objetivos establecidos.

"Sin embargo, aún falta por ver cómo y cuándo se aplicarán estos principios", ha cuestionado la calificadora de riesgos, que ha apuntado que, aunque los ajustes en sanidad y educación son positivos para el perfil de crédito del Estado y de las regiones, dado el objetivo de ahorro necesario a nivel autonómico, "serán necesarias más medidas significativas aparte de las recientemente anunciadas".