Bruselas exige a Argentina que respete sus compomisos

La Comisión Europea (CE) respaldó a España frente a los planes de Argentina de nacionalizar la petrolera YPF, controlada por la española Repsol con un 57,4%, y urgió al Gobierno de Cristina Fernández a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su territorio.

"Nos ponemos del lado de España en esta situación", declaró tajantemente el portavoz comunitario Olivier Bailly durante una rueda de prensa en Bruselas.

La Comisión Europea espera que las autoridades argentinas "garanticen el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio", señaló, y manifestó que el Ejecutivo comunitario permanece en contacto con el Gobierno español y sigue la situación "con mucha atención".

La CE envió una nota diplomática a través de su delegación en Buenos Aires a la oficina de Cristina Fernández para expresar su malestar por sus planes para controlar la petrolera aumentando su participación en la misma mediante un proceso de nacionalización, según confirmó el portavoz.

Según medios argentinos, el Gobierno de Argentina prepara un proyecto de ley para tomar el control de YPF, en el que se declara de utilidad pública y contempla la expropiación el 50,01% de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46%) y de Repsol (57,43 %).

El portavoz de la CE negó que por el momento haya habido un contacto directo entre el presidente del Ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso, y la presidenta argentina.

En su mensaje, la CE insistió en la necesidad de que Argentina y España encuentren una "solución acordada conjuntamente", de manera que no se cause perjuicios a las buenas relaciones y al clima empresarial entre el país suramericano y la UE, declaró Bailly.

Fuentes comunitarias indicaron que esas conversaciones tuvieron ya lugar la semana pasada. El portavoz también recalcó que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la Comisión Europea pasa a tener competencia sobre las inversiones de los Estados miembros en países terceros. "Estamos aquí para defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros o por compañías con su sede en Europa", dejó claro Bailly.

Así pues, la CE "tiene interés en intervenir" en este caso, puntualizó una fuente comunitaria.

Recordó que, con el objetivo de "proteger las inversiones" europeas en el extranjero, la Comisión y los Estados miembros tramitan actualmente una nueva legislación que busca una transición gradual desde el actual sistema de tratados bilaterales de inversión (BITs) entre los Veintisiete y terceros países, hacia un marco en el que esos acuerdos sean negociados por la CE.

La Comisión propuso en julio de 2010 clarificar el estatus de más de 1.000 acuerdos bilaterales de inversión concluidos entre países miembros y terceros, con el objetivo de garantizar certidumbre legal tanto para inversores europeos como para extranjeros.

Según explicaron las fuentes, una de las metas de esa legislación es apoyar a los Estados europeos que mantienen desde hace años inversiones en terceros países, donde la situación política puede cambiar en ese tiempo.

Por lo que respecta a un posible impacto del caso de YPF en las negociaciones abiertas con el Mercosur para lograr un acuerdo de asociación, las fuentes declararon que el caso de la petrolera es "completamente independiente" y que no establecen una "vinculación".

"Seguimos comprometidos con la conclusión de ese acuerdo", aseguró Bailly, aunque recalcó al mismo tiempo que es deber de la Comisión "defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros".

"La situación actual es, fundamentalmente, un problema bilateral desde un punto de vista jurídico entre Argentina y España, puesto que en el acuerdo existente con el Mercosur no hay disposiciones sobre las inversiones", indicó.

En la actualidad, las relaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se rigen por lo establecido en un acuerdo marco interregional de cooperación que firmaron ambas partes en 1995 y que entró en vigor en 1999.