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El Gobierno argentino ha demorado el anuncio de su decisión sobre el futuro de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, en medio de una intensa ofensiva del Ejecutivo español, arropado por la Unión Europea.

Ningún alto funcionario argentino se refirió al conflicto con YPF ni respondió a las contundentes advertencias de Madrid y Bruselas.

"Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará", advirtió hoy la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Gobierno convocara al embajador argentino, Carlos Bettini, por la acometida de Cristina Fernández contra YPF.

La estrategia del Gobierno español se tradujo en Buenos Aires en una intensa actividad diplomática del nuevo embajador, Román Oyarzún, que ha acompañado durante la última semana al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se ha reunido con empresarios españoles y con embajadores europeos.

Medios afines al Gobierno de Fernández adelantaron hoy que la presidenta podría hacer un anuncio sobre el futuro de la petrolera la próxima semana, a su regreso de Cartagena de Indias (Colombia) donde participará en la Cumbre de las Américas.

Pero, para tomar la decisión final, Fernández tendrá que vencer las resistencias internas planteadas por algunos de los gobernadores de las provincias petroleras que, según empresarios del sector, aspiran a una mayor participación en los beneficios del petróleo y a influir en la gestión de la compañía en caso de nacionalización.

La única declaración sobre el asunto colgada en la página del Gobierno argentino en internet es un comentario del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no menciona a la petrolera pero insiste en que el objetivo es "lograr el autoabastecimiento de petróleo".

Se analizarán las concesiones
 

Según el ministro, en la reunión que mantuvo anoche Fernández con los gobernadores de las provincias petroleras "analizamos cada una de las concesiones", y cuando las empresas no cumplen con sus contratos "se revierten las áreas, como ocurrió hasta ahora".

En las últimas semanas, YPF ha perdido una quincena de licencias de explotación y exploración en seis de las diez provincias petroleras de Argentina.

Los analistas lo tienen claro

Los analistas no dudan de que el gobierno argentino aspira a tomar el control de la petrolera, pero admiten que hay varias vías para lograrlo, desde la negociación con los accionistas -Repsol (57,43 por ciento) y la familia argentina Ezkenazi (25,46)-, hasta la tramitación parlamentaria de una ley que declare a la empresa de interés publico.

Mientras Cristina Fernández toma una decisión sobre YPF tras cuatro meses de acoso que han hecho perder a la compañía alrededor del 30% de su valoración bursátil, los empresarios extranjeros con intereses en Argentina siguen con atención el proceso y se tientan los bolsillos.

La reacción de Madrid ha sido una muestra de "fuerza" y un "toque de atención" que puede llevar a la reflexión al Gobierno de Fernández, "radicalizado" por la influencia creciente de figuras como el joven Axel Kicillof, viceministro de Economía, opinó un empresario europeo consultado por Efe.

Kicillof, miembro de La Cámpora, el grupo creado por el fallecido expresidente Néstor Kirchner y aupado por su hijo mayor, Máximo, es uno de los defensores de la nacionalización de YPF, ha participado en la elaboración de varios de los borradores sobre la compañía y ha tenido un especial protagonismo en las reuniones de Brufau con los ministros argentinos.

"El caso de YPF pone en evidencia los problemas que sufren las empresas todos los días en Argentina, como la discrecionalidad, la falta de reglas y la agresión hacia el capital privado", afirmó otro empresario europeo que prefirió guardar el anonimato.

Relación con otros países

Una situación de inseguridad jurídica que, añadió, está provocando que los inversores extranjeros se lo piensen dos veces antes de arriesgarse en Argentina, que no vive su mejor momento en las relaciones con sus vecinos por las trabas a las importaciones con las que intenta equilibrar su balanza comercial.

La política proteccionista argentina ha levantado quejas entre sus socios en Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y de algunos asociados, como Chile.

Además, la UE y otros trece países, entre ellos México y Estados Unidos, presentaron el pasado 30 de marzo ante la Organización Mundial del Comercio una declaración conjunta en la que manifiestan su "gran preocupación" por las restricciones al comercio impuestas por Argentina desde 2008