REAL ZARAGOZA

Lío judicial por Diego Milito

Su agente, Fernando Hidalgo, reclama al Zaragoza 110.000 euros en concepto de comisiones. El caso se generó en 2005, aún con Soláns.

Adrián Faija, abogado y agente de Diego Milito, junto a Pedro Herrera en una imagen de abril de 2008.
Lío judicial por Diego Milito
CIDONCHA

El paso de Diego Milito por el Real Zaragoza, pese a que el internacional argentino hace ya casi tres años que abandonó la entidad aragonesa, sigue vivo judicialmente e inacabado a todos los efectos dentro de la gestión de Agapito Iglesias al frente de la SAD. Ayer, en los Juzgados de Primera Instancia de Zaragoza tuvo lugar una vista oral en la que Fernando Hidalgo, representante del delantero, reclamó el pago de casi 110.000 euros en concepto de comisiones que la entidad blanquilla le dejó de abonar en 2008.


Hidalgo, quien ha hecho una césión de crédito a la empresa mercantil Masterdraft Limited (con sede en Inglaterra y dedicada a negocios diversos relacionados, entre otros ámbitos, con los derechos federativos de futbolistas) no estuvo presente en el acto. Quien sí viajó hasta Zaragoza fue Adrián Faija, abogado y agente de Diego Milito, cuya presencia en la ciudad fue habitual en los tiempos en los que el goleador fue jugador zaragocista. Faija declaró brevemente en condición de testigo para dar fe de los datos y condicionantes reflejados en la denuncia de Hidalgo, ahora representado por Masterdraft Limited.


Según quedó claro en el desarrollo de la vista, el 21 de agosto de 2005 se firmó un documento por el que el Real Zaragoza (entonces regido aún por Alfonso Soláns), se comprometía a pagar 437.000 euros a Fernando Oswaldo Hidalgo, en 8 pagos aplazados y en concepto de comisiones por su gestión si, al final, Diego Milito recalaba en el Real Zaragoza. Jerónimo Suárez, entonces director general de la SAD, culminó la contratación del argentino el 30 de agosto y, automáticamente, el convenio se puso en marcha.


Hidalgo afirma haber recibido 6 de los 8 plazos, pero denuncia el impago de los que vencían en julio y diciembre de 2008 (cada uno de esos abonos diferidos es de 54.625 euros, por lo que el representante sudamericano está reclamando a Agapito 109.350 euros).


Tras el recordatorio de los antecedentes y la exposición de los hechos, el abogado del Real Zaragoza reconoció abiertamente como cierta y voluntaria la falta de pago de esos dos plazos pendientes de julio y diciembre de 2008.


La llegada de Porquera, clave


El letrado del Zaragoza argumentó como motivo único del impago que, pese a que con la nueva propiedad (ya con Agapito como máximo accionista, tras la compraventa del paquete accionarial mayoritario llevada a cabo por Soláns en mayo de 2006) aún se continuó cumpliendo con el contrato heredado de la anterior regencia, la llegada a la SAD del director corporativo Javier Porquera significó que se tomase la decisión de no continuar con los pagos y suspender los que quedaban pendientes (ahora reclamados por Hidalgo).


Porquera, que también estuvo presente ayer en la sala, adoptó esta postura tajante al observar que la FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, prohíbe pagar comisiones a agentes de jugadores por este tipo de gestiones en contratos y cesiones.


En las aportaciones orales a la vista quedó claro que los actuales dirigentes zaragocistas no tienen la intención de acometer el pago demandado por el agente de Diego Milito. Llegó a advertirse explícitamente que, si al final se diese una sentencia favorable a Hidalgo que obligase a pagar al Real Zaragoza, la entidad blanquilla estará en la obligación de comunicar el hecho al Comité de Sanciones de la FIFA para dar cuenta de la irregularidad.


El abogado del Real Zaragoza remarcó varias veces que la postura de la SAD que preside Agapito no responde a un capricho sino a un derecho claro y evidente reflejado en la normativa del fútbol internacional.


Durante la exposición, se admitió que la actual propiedad del Real Zaragoza siguió acometiendo los pagos a Hidalgo, heredados de la época Soláns, dado que se entendió que el anterior accionista los tenía comprometidos y autorizados. Pero que, una vez se consideró por parte de Porquera que ese compromiso estaba fundamentado de manera irregular, se optó por interrumpir y cancelar los dos últimos abonos diferidos de manera definitiva.


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