El VI Congreso Nacional de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), clausurado el sábado en Sevilla, ha reclamado de las administraciones y de los agentes sociales una "rigurosa y sólida" normativa que defienda la propiedad intelectual.

Las conclusiones de este cónclave, en el que han participado unos doscientos editores españoles durante los últimos tres días, "constatan y valoran" la importancia de las nuevas tecnologías para el negocio editorial, así como la utilidad de los instrumentos digitales para la difusión del libro electrónico y para el auge de la industria editorial, pero insisten en la necesidad de proteger mejor la creación intelectual.

"Es esencial disponer de una rigurosa y sólida normativa sobre propiedad intelectual, para lo que es imprescindible fomentar actitudes favorables en pro de los titulares de derechos de propiedad intelectual por parte de los líderes sociales, de los creadores de opinión, de los representantes parlamentarios y de las administraciones, actitudes que, hoy por hoy, son poco frecuentes en nuestro país", lamentan los editores.

La FGEE también opina que la Ley de Propiedad Intelectual no reconoce "el carácter creador" del trabajo del editor. Los editores son especialmente críticos contra la "lacra" de la fotocopia ilegal, en su opinión, "tan extendida" en España, "sobre todo en el sector público y de la enseñanza", a la que, denuncian, "se ha de añadir ahora la copia digital ilegal".

Tras reivindicar que "el valor de la aportación de la creación y de la edición sea adecuadamente remunerado", el documento final del congreso de la FGEE deplora "el menosprecio permanente" que, en su opinión, sufren los contenidos culturales de las nuevas tecnologías en comparación a las herramientas tecnológicas.

Los editores se han mostrado especialmente críticos con algunas prácticas del uso del libro en la enseñanza, tanto en los niveles primarios y secundarios como en la universidad.

Denuncian, en este sentido, "la mal llamada gratuidad" de los libros de texto en aquellas comunidades autónomas que utilizan la fórmula del préstamo de libros escolares de unos alumnos a otros, iniciativa que analizan "con enorme preocupación" y que los editores censuran por su "falta de rigor" y por sus "repercusiones culturales y económicas" en el mundo del libro, "con grave quebranto para las librerías y para los editores".

Frente a la fórmula del préstamo del libro escolar, la FGEE defiende la del denominado cheque-libro, un sistema que consideran "más equitativo y justo" y favorecedor de la lectura y del negocio librero. En el caso de las universidades, critican "con toda dureza" el "mal trato" que recibe el libro y su "abandono como herramienta de trabajo y aprendizaje", así como su sustitución por fotocopias o copia digitales "ilegales en la mayoría de los casos".

"La Universidad tiene una especial obligación de contribuir al fortalecimiento del libro, a fomentar las publicaciones de sus profesores e investigadores y a familiarizar a los alumnos con el uso digno y adecuado de dichas publicaciones", concluyen los editores.

La FGEE también reivindica en sus conclusiones "una mayor transparencia" de las administraciones den las compras de libros y de otros recursos que realizan las bibliotecas.

Los editores han recalcado el carácter iberoamericano de la edición española por lo que exigen "la inmediata supresión" de todas las barreras legales o arancelarias que dificultan la libre circulación del libro y de los productos culturales entre los países iberoamericanos.