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Un total de 757 empresas han quebrado en Aragón en 2011 sin declararse en concurso de acreedores, lo que supone un aumento del 2,3 por ciento respecto a 2010, una tendencia contraria al resto de España, donde bajaron en un 3,9 por ciento, según datos de Detectys, corporación de detectives formada por más de 50 agencias y especializada en investigación económica para empresas entidades financieras, bufetes y aseguradoras.

Aragón no es la comunidad en la que más han aumentado las quiebras sin concurso. Donde más se han registrado es en Baleares (+37,1%), Extremadura (+26,1%) y Galicia (+21%), mientras que el descenso mayor lo han protagonizado Murcia (-49,5%), el País Vasco (-24%) y Canarias (-16,3%).

Por provincias, se han disparado las quiebras en Valladolid (+83,5%), Teruel y Soria (+60%) o Almería (+59%), mientras que en otras provincias han descendido como en los casos de Guipúzcoa (-50,5%), Córdoba (-45,7%) o Burgos (-40,7%).

La cifra de empresas que han quebrado sin declarar concurso siempre es mayor a las que sí lo han hecho. Las 22.778 quiebras sin concurso de 2011 multiplican por 3 el número de concursos declarados en 2011, 7.096, y las 23.702 quiebras sin concurso de 2010 suponen 4 veces más que los concursos declarados ese año, 5.871.

En la mayor parte de las ocasiones las firmas que quiebran sin declararse en concurso lo hacen así por no tener la liquidez suficiente para afrontar los gastos que supone hacerlo (servicios jurídicos y remanente para pagos a los administradores judiciales).

Estas quiebras, que no son recogidas por las estadísticas oficiales, vienen dadas o por declaraciones de insolvencia tras la denuncia de los trabajadores en un Juzgado de lo Social para poder cobrar del Fondo de Garantía Salarial, o por declaraciones de créditos incobrables por parte de las administraciones (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos...).

Por lo tanto estos datos reflejan con más exactitud la realidad, aunque la experiencia de Detectys (especializada en investigación económica desde 1971) dice que los definitivos son más elevados, ya que en muchas ocasiones los negocios sin asalariados (representan más del 50 por ciento del entramado empresarial español) cesan en su actividad sin que esa quiebra quede reflejada en ningún documento público.