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Ayuntamiento de Zaragoza

ZEC achaca a problemas con un fax el no haber detenido el borrado del nombre del pabellón

El Ayuntamiento dice que la orden judicial tardó 45 minutos en entrar y que les costó poder contactar con la empresa.

Javier L. Velasco. Zaragoza Actualizada 03/10/2015 a las 14:08
Operarios borran el nombre del pabellón Príncipe Felipe este jueves.José Miguel Marco

La polémica sobre el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe saltó ayer de la avenida de Cesáreo Alierta -donde el jueves se paralizaron por orden judicial los trabajos de pintado en las fachadas- a la plaza del Pilar. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza vivió el enfrentamiento entre el grupo municipal del PP, que impulsó el recurso en los tribunales, y el gobierno de Zaragoza en Común, que aprobó el cambio de nombre del pabellón para rebautizarlo como José Luis Abós.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, buscó la reprobación del concejal de Deportes, Pablo Híjar, aunque no encontró apoyos de ningún grupo. Suárez acusó directamente a Híjar de «ignorar una orden judicial». El jueves, a las 15.00, la juez del Contencioso-Administrativo número 4 decidió tomar medidas «cautelarísimas» sobre la decisión del Gobierno de cambiar el nombre del pabellón. Sin embargo, no fue hasta tres horas después cuando se detuvieron los trabajos. Tiempo suficiente para que los pintores dieran dos capas de pintura al rótulo y lo hicieran desaparecer de una de las fachadas de la instalación deportiva.

El Gobierno trató de justificar esta demora en la toma de la decisión final. Según explicaron fuentes del gobierno, el fax «terminó de entrar a las 16.05». Según confirmaron diversas fuentes, la orden de los juzgados salió alrededor de las 15.00, pero el Gobierno apunta que tardó 45 minutos en entrar en el fax del Consistorio.

Las citadas fuentes del gobierno añaden cuando los servicios jurídicos del Consistorio por fin recibieron la orden, mandaron un correo electrónico a Alcaldía, al concejal de Deportes y al gerente de Urbanismo, que fue informado también por teléfono y que quedó encargado de ejecutar la orden. Siempre según las citadas fuentes, el gerente estuvo desde las 16.45 intentando localizar a la empresa que ejecuta los trabajos. Tras hacerlo, los trabajos se paralizaron a las 17.45, cuando se empezó a desmantelar el vallado y la maquinaria empleada en la fachada del pabellón.

El portavoz de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, transmitió en parte este supuesto relato de los hechos en el pleno municipal -Híjar no tomó ayer la palabra-, y defendió que la respuesta del Gobierno ante el auto judicial fue «rápida» y que las decisiones se tomaron «con celeridad». Además, defendió a su compañero, dijo que había sido una decisión «de Gobierno». Opinó que el intento del PP de reprobar al concejal de Deportes era «desproporcionado» y acusó a los populares de «judicializar la vida política e impugnar cosas legales».
 

Por su parte, el portavoz del PP, Eloy Suárez, acusó a Zaragoza en Común de no paralizar el pintado de la fachada del pabellón «hasta que el nombre estaba prácticamente tapado». «Se dejó sin efecto una resolución judicial, que quedó en papel mojado. ¿Esto también es la nueva política?», se preguntó. Suárez desmintió la versión municipal de los acontecimientos, y aseguró que el Ayuntamiento conocía «mucho antes» la resolución judicial, y que el lunes su grupo llevará a los juzgados «una prueba fehaciente». Ese día, la juez ha citado a las partes para decidir si las medidas cautelares adoptadas de urgencia el jueves se mantienen o no, hasta que el pleito se resuelva definitivamente, algo que tardará varios meses.

A la espera de información

El PSOE, Ciudadanos y CHA no dieron su apoyo al intento de reprobación de Híjar hasta conocer más detalles sobre cómo fue exactamente la secuencia de los hechos. El portavoz adjunto del PSOE, Javier Trívez, dijo que la gestión del cambio de nombre ha sido «un despropósito», pero que no apoyaba la reprobación «por el principio de presunción de inocencia».

Sara Fernández, portavoz de Ciudadanos, criticó «las formas» de Híjar, especialmente al comunicar el coste de los trabajos de borrado de los rótulos, aunque no le reprobaron porque desconocen «cómo se ha llevado a cabo el mandato judicial». Carmelo Asensio, portavoz de CHA, por su parte, criticó al PP por «acusar de forma infundada y sin pruebas de algo que no se puede demostrar». 







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