El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha esbozado este martes las principales líneas de su propuesta de borrador de ordenanzas fiscales, que incluyen un descenso del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que afectaría al 90 por ciento de los zaragozanos.

Tras reunirse con el presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), Ricardo Mur, y con el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia (ECOS), José Antonio Pueyo, Rivarés ha dejado claro, no obstante, que se trata solo de un borrador que está abierto a las propuestas de la oposición.  

En dicho borrador, que ha sido remitido este martes mismo a los grupos municipales, además de la citada rebaja en el IBI en el tramo menor -hasta 70.000 euros de valor catastral-, que incluirá más tramos y mayores diferencias en función de si el inmueble es industrial, residencial, comercial o de almacenaje, se propone también un incremento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas que facturen más de un millón de euros anuales, así como una ligera subida en las casas con los valores mayores.

Sin entrar en detalles, Rivarés ha calculado que solo con la reforma del IBI, que supone el 23 % de los ingresos municipales, el Ayuntamiento prevé recaudar alrededor de 20 millones de euros más, aunque ha reincidido en que hay todavía margen para la negociación con el resto de grupos.

Asimismo, ha afirmado que esta reforma se enmarca en el "catastrazo" aprobado por el Gobierno de España en 2013, que, según ha dicho, elevó los valores catastrales de los inmuebles "una barbaridad", al tomar como referencia los años de la burbuja inmobiliaria y que, por tanto, si no hacían nada al respecto, el IBI podría haber llegado a subir hasta un 20 %, lo que ha calificado como "injusticia" que no están dispuestos a permitir.

Ha apuntado también que la cantidad a pagar en el caso de la mayoría de comercios será igual o incluso menor que el último ejercicio.

Por otra parte, ha informado de que planea subir dicho impuesto al centro comercial Puerto Venecia "por justicia social", ya que paga la mitad de lo que paga un comercio de la Avenida de América, Jorge Cocci o la Avenida de Madrid, algo que no considera un aumento de la presión fiscal, sino una nueva regulación para redistribuir los esfuerzos.

Del mismo modo, ha recordado que el IBI en Zaragoza sigue siendo "de los más bajos de las grandes ciudades".

Ha dicho que hay que tener en cuenta "las necesidades recaudatorias de la ciudad" y ha insistido en que lo que tendrán que hacer, en todo caso, las empresas es "pagar más a la ciudad", pero que luego tendrán otras oportunidades de beneficiarse y de ver desgravadas esas aportaciones a través, por ejemplo, del pago del impuesto de sociedades.

En este sentido, ha rechazado las bonificaciones que se ofrecían a las grandes firmas por creación de empleo dado que han descubierto que esos contratos tenían una duración media de 30 a 40 días y unos salarios del orden de los 600 ó 700 euros al mes, lo que no le parece "lo mejor".

Por último, ha asegurado que no se va a producir "ni un recorte de servicios" y que cualquier ajuste se plasmará vía reestructuración del propio Ayuntamiento, algo en lo que en el equipo de Zaragoza en Común aún están trabajando.

No ha gustado a ninguno de los dos representantes empresariales está propuesta ya que, según Mur, los empresarios no tienen por qué pagar "los platos rotos" y que esa no es la solución.

Tras recordar que muchas empresas todavía están en pérdidas, ha reiterado que no entiende por qué esos más de 20 millones de aumento de la recaudación tienen que venir de las empresas, que también "han contribuido a la justicia social" de la que habla Rivarés.

Por su parte, el representante de ECOS, si bien ha valorado "cambios a mejor" en las formas, ha opinado que el ajuste debería venir más por el apartado de los gastos que por el de los ingresos.