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Residencia Santa Fe

​La situación de la residencia debía haber derivado en un expediente de cierre

La consejera de Derechos Sociales de Aragón cree que "ha habido dejación de responsabilidades".

Efe. Zaragoza 15/07/2015 a las 06:00
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La situación de la residencia de Zaragoza, donde murieron ocho ancianos en un incendio, debería haber derivado "en el inicio de un expediente de cierre", ha dicho este martes la consejera de Derechos Sociales de Aragón, Victoria Broto, que cree "claramente que ha habido dejación de responsabilidades".

La consejera ha avanzado que, aunque "lógicamente" está todo en trámite de "valoración y análisis de expedientes", cree que estos incumplimientos deberían haber concluido en el "inicio del cierre de la residencia", un trámite que retomará el actual Gobierno de Aragón y que anticipa que será "largo".

Aunque las deficiencias detectadas no afectaban a la seguridad de los usuarios, ha repasado la situación de la residencia, de la que este lunes trascendió que tampoco tenía licencia municipal de actividad, pese a llevar funcionando desde 1997.

Tras una inspección, el 15 de diciembre de 2012, el Gobierno de Aragón le retiró el informe favorable condicionado, por no haber subsanado unas deficiencias higiénico sanitarias y de acondicionamiento, y se incoó en 2014 un expediente sancionador.

Ha informado de que el expediente relativo a esta residencia lleva parado desde el 19 de mayo de 2014, fecha desde "la que no hay constancia de otra tramitación".

La consejera ha desmentido que hubiera plazas concertadas ya que, aunque existe un informe en el que se reconoce la posibilidad de adjudicar hasta ocho, el 25 de febrero de 2015 el Servicio de Planificación informó a la Gerencia de que no tenía informe favorable y que, por tanto, "no puede tener ninguna persona en plaza concertada".

Asimismo, ha anunciado que se analizará la situación de todas las residencias en la Comunidad dado que en la pasada legislatura "no se cumplió el plan de inspección" pues solo se dio cuenta en las Cortes "del estado de las públicas".

Por su parte, El Justicia de Aragón, institución que equivale al Defensor del Pueblo, ha indicado que desde 1998 ha visitado 219 establecimientos de atención al mayor, ha tramitado 470 expedientes y ha dirigido a las administraciones 56 sugerencias y recomendaciones, de las que el 30 % están relacionadas con irregularidades administrativas.

Ya en 2007, durante la presentación en las Cortes de un Informe Especial sobre la situación de las residencias de personas mayores en la Comunidad, advirtió de esta situación que ha reiterado a las administraciones implicadas cada vez que se ha dado la ocasión, asegura.

Las residencias precisan licencia municipal de apertura y otra dependiente del Gobierno de Aragón, que implica la autorización para su normal funcionamiento, requisitos que son "elementales" para reforzar la seguridad jurídica, pues otra cosa supone "falta de control".

Y mientras la investigación administrativa continúa, la de la Guardia Civil también, ya que la Policía Judicial ha comenzado a tomar declaraciones a los testigos del incendio, con el convencimiento de que no se trata de un caso fortuito.

Según han asegurado a EFE fuentes de la investigación, se trata de esclarecer si el fuego fue causado por una negligencia o fue intencionado.

De momento no hay ninguna imputación ni tampoco detención alguna, han explicado estas fuentes, que no han desvelado qué personas son las que declaran, si bien han asegurado que la anciana sospechosa de originar el incendio tras quemar un colchón no se prevé que testifique aún.

Por su parte, el abogado de la dueña de la residencia, Javier Alonso, ha explicado a EFE que la propietaria de este centro ha ido a declarar en calidad de "testigo perjudicada", al igual que lo ha hecho la cuidadora del centro que estaba al cargo de los 19 ancianos la noche del sábado cuando se desató el incendio y que también resultó herida, aunque fue dada de alta este lunes.

Sobre el tema de las licencias, el abogado se reserva la información, ya que exhibirá los documentos cuando se los pidan.
Ha reconocido que la residencia pudo haber sido objeto de algún expediente sancionador, que no ha precisado, pero ha negado que tuviera un expediente de cierre.

No ha querido desvelar lo que pagaban los ancianos por estar en este centro. 







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