Los campus de la UZ claman contra la implantación de Magisterio en la San Jorge

Profesores, alumnos y representantes sindicales de los campus de Huesca, Zaragoza y especialmente de Teruel han secundado diversas movilizaciones contra la decisión del Gobierno de Aragón de autorizar la implantación de los grados de Educación Infantil y Primaria en la universidad San Jorge.

El acto de protesta ha sido más multitudinario en Teruel, donde varios miles de ciudadanos se han echado a la calle para reclamar al Ejecutivo autonómico que revoque la autorización para que la Universidad San Jorge de Zaragoza (USJ) imparta el próximo curso el grado de Magisterio, por el perjuicio que causaría a estos estudios en la provincia turolense.

La manifestación estaba convocada por representantes de 32 organizaciones turolenses, entre las que están partidos políticos, PP, PSOE, CHA, IU, PAR, Ganar Teruel, Compromiso con Aragón, Ciudadanos y Podemos, así como sindicatos, organizaciones empresariales, sociales e instituciones como el Ayuntamiento de Teruel y el Vicerrectorado.

La marcha, a la que ha acudido el alcalde, Manuel Blasco (PP), ha comenzado con una pancarta que decía "Por el futuro del Campus de Teruel", portada por autoridades académicas y estudiantes.

Blasco ha explicado a los medios de comunicación que ha firmado un decreto de alcaldía pidiendo la revocación de la medida como paso previo a la presentación de un recurso contencioso administrativo.

La manifestación ha partido de la plaza del Ayuntamiento de Teruel para terminar en la ronda del Óvalo donde estudiantes de Magisterio del Campus de Teruel han leído un manifiesto en el que han criticado esta decisión.

Los convocantes creen que la implantación del grado de Magisterio supondrá un descenso del número de estudiantes del Campus de Teruel, que suponen casi la mitad del total de universitarios en la ciudad, lo que pondría en peligro la continuidad de los estudios.

La vicerrectora del Campus de Teruel, Alexia Sanz, se ha mostrado agradecida por la asistencia y el apoyo al Campus.

También se han celebrado sendas concentraciones de protesta en Zaragoza y Huesca, donde los decanos de sendas facultades han coincidido en mostrar el rechazo a la autorización concedida a la universidad privada, por entender que ya hay plazas más que suficientes en Aragón de estos grados y porque estiman que no tiene en cuenta los principios preceptivos de equilibrio y vertebración territorial.

Entre los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel se ofrecen 360 plazas del grado de Educación Infantil y 480 de Educación Primaria pero, en contraposición, la convocatoria de empleo público para maestros en Aragón "ha ido descendiendo de forma brutal en los últimos tiempos", desde las 500 plazas que se convocaron en 2009 a las 95 de 2013 y a las 36 previstas para este año, según ha dicho el decano de la Facultad de Educación de Zaragoza, Enrique García.

García ha afirmado que el Gobierno de Aragón debería ejercer su papel de "regulador" del sistema universitario de la comunidad y no recurrir al argumento de que hay que cumplir la ley de medidas de incentivación económica como excusa para haber derogado la orden que impedía la duplicidad de titulaciones universitarias en Aragón.

Por su parte, en la concentración de Huesca, la decana de la facultad oscense, Marta Liesa, ha expresado el "profundo malestar" causado a la Universidad de Zaragoza ante el "secretismo" del gobierno aragonés, a quien ha reprochado que no haya propiciado un diálogo con la universidad pública aragonesa antes de tomar su decisión.

Ha explicado que hasta el momento la USJ ha duplicado cinco titulaciones que se imparten en el campus oscense, lo que, a su juicio, "daña gravemente" su desarrollo futuro.

Además de que la decisión de duplicar las titulaciones "una vez más genera desequilibrio en el territorio en favor de la gran ciudad", que no aporta "ningún valor adicional" a la oferta académica de la comunidad aragonesa y que podría "saturar" el mercado.

El vicerrector del campus de Huesca, José Domingo Dueñas, ha dicho por su parte que los servicios jurídicos de la Universidad de Zaragoza valoran el tipo de recurso que plantea interponer la institución académica en los tribunales para intentar paralizar la autorización.