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Ayuntamiento de Zaragoza

El Tribunal de Cuentas inicia una investigación sobre el corredor verde y subvenciones de 2011

La fiscalía también indaga si hubo responsabilidad contable por la permuta del cuartel de la Policía Local.

M. López/J. Morales. Zaragoza/Madrid Actualizada 12/04/2015 a las 19:39
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Firma de un convenio para la sede de la CámaraDaniel Marcos / Ayuntamiento de Zaragoza

Tras el varapalo que recibió de la Cámara de Cuentas el Ayuntamiento Zaragoza por su gestión durante 2011, la investigación continúa. Después de analizar el informe de fiscalización al Consistorio, la fiscalía del Tribunal de Cuentas tiene abiertas diligencias preprocesales y ya ha detectado indicios de responsabilidad contable en varios asuntos que puso en cuestión la Cámara de Cuentas, como las obras del corredor verde, el IVA de la permuta del cuartel de la Policía Local o diversas subvenciones del ejercicio de 2011. A la espera de la investigación, fuentes consultadas indicaron que la fiscalía se ha dirigido a la sección de enjuiciamiento y al consejo de gobierno del Tribunal de Cuentas para que se nombre un instructor.

De momento, la fiscalía ya ha solicitado documentación sobre las cuestiones en las que podría haber delito contable. Observa que, "al menos indiciariamente", podría existir responsabilidad en el caso del corredor verde Oliver Valdefierro. Recuerda, como dijo la Cámara de Cuentas, que en este proyecto de urbanización se pagó el contrato íntegro, con un incremento del precio original del 9% "sin que se hubieran ejecutado todas las obras previstas".

Se refería especialmente a uno de los aspectos controvertidos del informe de la Cámara de Cuentas, el apartado dedicado a la adecuación del túnel de Soldevilla, cuyo precio ascendía a 1,3 millones de euros y que finalmente no se ejecutó, aunque sí se incluyó en las inversiones del Fondo Local. Según la Cámara de Cuentas, deberían haber supuesto una modificación del contrato para reducir su precio.

El Ayuntamiento de Zaragoza siempre sostuvo que la inejecución del túnel de Soldevilla no supuso una alteración sustancial del contrato, por lo que no requería de modificación. Y recordó que la obra incluida en el Fondo Local no tenía que ver con las previsiones del proyecto del corredor.

Por otro lado, avisa de que también puede haber delito contable en las subvenciones. En este caso, la Cámara de Cuentas, por ejemplo, indicó que no se justificaba la totalidad del proyecto de gasto sino tan solo el importe de la ayuda o que en el 40% de las subvenciones no estaban la totalidad de las facturas. Es más, indicaba que el 30% no incluye documentación que acredite el pago de los gastos o que también un 30% contiene gastos no subvencionables.

La fiscalía se refiere en concreto a las subvenciones de acción social de 2011, que ascendieron a 1,6 millones, en las que la Cámara detectó fallos en la justificación. Por ejemplo, el organismo fiscalizador aragonés puso en duda que los gastos se destinaran a la finalidad para la que fueron autorizados en el presupuesto o dijo que las ayudas se otorgaron con cargo a aplicaciones presupuestarias "por importe superior a los estadios de gastos", vulnerando la ley de subvenciones.

Por otro lado, hace referencia a subvenciones a las grandes federaciones y uniones de entidades vecinales, donde detecta problemas en la justificación y el pago. Entre otros aspectos, la Cámara de Cuentas de Aragón aludió a que no quedaba acreditado el porcentaje aplicado por uno de los beneficiarios, que los gastos de asesoría estuvieran vinculados a la actividad subvencionada o el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social por parte de la entidad. También consideró que puede haber responsabilidad contable con otras subvenciones directas a tres entidades, por un valor global de 115.000 euros.

Otro de los aspectos que la fiscalía quiere investigar, según fuentes consultadas, es el IVA de la permuta del cuartel de la Policía Local. La Cámara de Cuentas dijo que el concejal de Hacienda asumió el pago de 110.000 euros para resarcir a la UTE adjudicataria por unos gastos que no resultaban justificados. Según la Cámara, el pago al Ayuntamiento de un IVA repercutido no da lugar a ningún resarcimiento.







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