El Ayuntamiento de Zaragoza pretende ejercer las mismas competencias que presta en la actualidad y recibir un trato financiero al menos en las mismas condiciones que reciben las comarcas, dado que la ciudad alberga más de la mitad de la población de Aragón.

Estos aspectos son la "esencia" del documento consensuado entre el PSOE, CHA y PP para negociar el anteproyecto de ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, conocido como Ley de Capitalidad, según ha explicado este martes y a los medios el vicealcalde, Fernando Gimeno, tras la reunión del Gobierno de la ciudad.

Un texto que se ha remitido formalmente al consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, y que Gimeno confía será tenido en cuenta para empezar las conversaciones que permitan a la ciudad contar con una Ley de Capitalidad que tenga en cuenta las peculiaridades de un Ayuntamiento con 700.000 habitantes.

En opinión de Gimeno, el Ayuntamiento de Zaragoza "no es igual" al resto de ayuntamientos de Aragón, "ni si quiera se puede comparar", ha advertido, con el resto de capitales de provincia en cuanto a capacidad de gestión.

"Zaragoza es más de la mitad de la población de Aragón y lo mínimo que se pide es que lo mismo que se reconoce a las comarcas se le reconozca a capital a través de esa ley", ha exigido el vicealcalde.

Así, este documento recoge los aspectos competenciales, el apartado financiero, con cuyo régimen no está de acuerdo el PP, y el plazo para cumplir lo que esté previsto en la ley, que dependerá de si se inician las conversaciones que el vicealcalde entiende que "se van a empezar".

En el ámbito competencial se hace constar el interés de Zaragoza por ejercer directamente o vía delegación, todas las competencias posibles que ya presta el Ayuntamiento.

En cuanto al sistema de financiación, el Ayuntamiento de Zaragoza distingue entre competencias propias o impropias, caso este último que, según Gimeno, "tienen que ser financiadas por el Estado o la Comunidad autónoma".

Pretende asimismo que se tenga en cuenta el porcentaje de población "flotante" que tiene la ciudad, es decir, los habitantes censados en otros municipios pero que viven en Zaragoza y utilizan sus servicios, y las consecuencias de contar con inmuebles que no pagan el IBI.

Para ello, el Ayuntamiento ha aportado al Gobierno de Aragón los datos técnicos para que conozca de dónde proceden esos planteamientos económicos.

En el aspecto de la ruralidad, Gimeno ha recordado que la Diputación Provincial recibe fondos en función de los habitantes de la provincia, por lo que considera que esa financiación debe repercutir de forma proporcional a los habitantes de los barrios rurales con que cuenta Zaragoza en relación al resto de la provincia.

El vicealcalde cree que el Gobierno autonómico está "en un momento altamente favorable" para que pueda aceptar esos planteamientos a raíz del último decreto ley "que permite a Aragón recuperar financiación a través del fondo de financiación de las Comunidades autónomas".

Un fondo que permitiría al Ejecutivo, ha subrayado, incluso pagar algunas deudas que mantiene con el Consistorio, motivo por lo que el Ayuntamiento, ha informado Gimeno, va a estudiar cómo le afecta ese decreto ley.