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Zaragoza

Un juez obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 4,6 millones por los buses de los barrios rurales

La sentencia estima el recurso de las contratistas de las líneas, que reclaman las revisiones de precios de 2010 y 2011.

Manuel López. Zaragoza Actualizada 26/12/2014 a las 12:50
1 Comentarios
Lucía Gracia sube al autobús que le llevará hasta Movera.GUILLERMO MESTRE

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza acaba de atender la reclamación de 4,6 millones de euros que las empresas concesionarias del transporte a los barrios rurales hicieron al Ayuntamiento de la capital por las revisiones de precios de 2010 y 2011. La sentencia, que no es firme, se suma a los 8 fallos judiciales que por el mismo motivo obligaron al Consistorio a abonar 1,8 millones por los años 2008 y 2009. A estas cifras habría que sumar los intereses de demora.

La decisión judicial, firmada el 5 de diciembre de 2014, resuelve la reclamación de Samar Buil, Alosa, Agreda y Automóviles Zaragoza, representadas por el letrado Clemente Sánchez-Garnica. Las compañías son concesionarias de ocho líneas: Garrapinillos-Torre Medina, Zaragoza-San Juan de Mozarrifar, Zaragoza-Ciudad del Transporte-El Zorongo, Zaragoza-Casetas, Zaragoza-Villarrapa, Zaragoza-Mozalbarba-Utebo-Alfocea, Zaragoza-San Lamberto, y Zaragoza-Movera.

Ocho sentencias previas

Las empresas que impulsaron el recurso reclamaron la anulación de la desestimación por silencio administrativo de las revisiones de costes de los ejercicios 2010 y 2011. Anteriormente, en el año 2012, se habían dictado ocho sentencias favorables a las empresas, que habían reclamado las revisiones de precios de 2008 y 2009. En ese caso, tres de los fallos son firmes y otros cinco están pendientes de que se resuelva la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El juez recuerda que respecto al periodo objeto de reclamación no se había producido ninguna modificación en los convenios suscritos entre el Consistorio y las empresas para la prestación de este servicio. Indica que fue el 29 de junio de 2011 cuando se acordó la denuncia de los convenios y la finalización de su vigencia el 31 de diciembre de ese año. Por lo tanto, concluye que "no cabe en ningún caso que, una vez transcurridos los años 2010 y 2011, durante los cuales estaba vigente una determinada redacción de los convenios de colaboración, el Ayuntamiento de Zaragoza, a posteriori, pretenda la inaplicación del contenido de los mismos".

El juez pone en evidencia que el propio jefe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento indicó en un informe del 26 de febrero de 2013 que se debía proceder al abono de las cantidades reclamadas. "Este departamento reitera (...) que por evidentes razones pragmáticas, (y tal vez para ahorrar los intereses de demora que las sentencias existentes establecen), deben aceptarse los precios y liquidaciones planteadas por los operadores", aconsejó el funcionario municipal.

Es más, el juez concluye que se cumplieron los requisitos formales para hacer la petición de revisiones de precios, como admite el Ayuntamiento. Eso sí, el Consistorio paralizó la tramitación de estas revisiones por entender que los costes que se estaban abonando eran superiores a los que el Consorcio Metropolitano de Transportes pagaba por los servicios a los municipios del área metropolitana. El Consistorio zaragozano recordó además que la competencia no era municipal, sino del Gobierno de Aragón, y acordó que fuera el Consorcio el que se encargara de la gestión del transporte a los barrios rurales.

Estudio del Consorcio

El Consorcio elaboró un estudio en el que se discrepaba de las revisiones planteadas por los operadores. Si las empresas reclamaban 4,6 millones, el organismo cifraba la deuda en 3,04. Pero el juez advierte de que "ni en el seno del expediente administrativo, o lo que es lo mismo, en el seno del Ayuntamiento de Zaragoza, ni menos en la contestación a la demanda, se asumen dichos argumentos y se concreta de alguna forma una causa de oposición a las reclamaciones". Por este motivo, no se analizan esas discrepancias de valoración.

Tras la sentencia, a Agreda se le adeudan 2,1 millones por las líneas de Casetas, Monzalbarba, Villarrapa y San Lamberto (721.243,47 euros de 2010 y 1,4 millones de 2011). Alosa cobrará 1,2 millones por los servicios a San Juan de Mozarrifar y al Zorongo (386.083,35 de 2010 y 819.053,82 de 2011). Por el bus a Garrapinillos se deben 809.902,40 euros a Samar Buil (220.990,54 de 2010 y 588.911,85 de 20111).

Por último, Automóviles Zaragoza debería ingresar 449.114,33 euros (221.132,07 de 2010 y 227.982,26 de 2011) por la ruta a Movera. A estas cantidades habría que sumar los intereses de demora desde el 18 de enero de 2013. Además de anularse la desestimación de las revisiones de precios planteadas por las empresas, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido condenado a pagar 8.000 euros en costas.
 


  • alcaldín27/12/14 07:15
    Esos 8000euros de costas de juicio los tendrían que pagar de su bolsillo el alcalde Belloch, el Vice-alcalde Gimeno y la concejala de "inmovilidad permanente" Dueso. Así se les quitarán las ganas de recurrir lo irrecurrible. Lo demás son excusas de mal pagador. ¿Para cuando se hará una auditoría con todos los gastos y dineros en costas judiciales que ha tenido que pagar este ayuntamiento por todos los casos en los que ha sido denunciado por impagos gracias a ese trío de ases que nos gobiernan?





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