El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno autonómico mantener los convenios de colaboración suscritos con ayuntamientos para la ocupación de los silos propiedad de la Comunidad que se utilicen para servicios agrarios, sociales o económicos y se encuentren en un adecuado estado de conservación.

La proposición no de ley, del PSOE, ha sido enmendada por el PAR, y ha sido presentada después de que el Departamento de Agricultura de Aragón haya denunciado los convenios "firmados hace varios años" con municipios con silos y haya solicitado "revertir" la ocupación que cedió en su momento y lo haya hecho "de manera unilateral, a través de un escrito" enviado a los ayuntamientos, ha explicado la diputada socialista Carmen Sánchez.

Según ha expuesto, estos espacios están siendo utilizados como salas de exposiciones, almacenes municipales, para guardar grano y también se han ubicado en ellos antenas de telefonía móvil o de señal de televisión.

La diputada ha querido saber "para qué necesita esos edificios el Gobierno de Aragón" y ha opinado que es "para venderlos" por lo que ha reclamado que los municipios "puedan seguir usándolos", el Ejecutivo autonómico "no ceda a las presiones de Madrid" y "no sigan centrando los ataques al medio rural".

La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha señalado, sin embargo, que la Administración autonómica "no ha querido llevar a cabo una ocupación" de esos espacios "con intención puramente economicista", sino para que los ayuntamientos "manifiesten si realmente se les está dando el uso previsto en los convenios" y "si están debidamente mantenidos".

A su entender, es una medida de "prudencia" y "nada más lejos de querer causar alarma", sino que se trata de "llevar una gestión eficiente, poner en valor ese patrimonio y que se le dé una finalidad adecuada" y se ha mostrado a favor de prorrogar los acuerdos si están siendo utilizados según lo previsto.

Rentabilidad social y económica 

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha sostenido que "el patrimonio que no genera rentabilidad social o económica no es patrimonio", ha indicado que la firma de los convenios entre el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos donde hay silos tuvo lugar en 1998, se renueva "tácitamente cada año" y por sus condiciones "pueden ser resueltos unilateralmente" y "los ayuntamientos son conscientes de estas circunstancias".

No obstante, ha argumentado que si en ellos "existe un uso agrario, social o económico", con un mantenimiento adecuado, "es normal y lógico" que sigan como hasta ahora y, en caso contrario, que el Gobierno puede darles el uso que considere.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha precisado que "a muchos se les ha dado una utilidad" por lo que se tienen que "potenciar y mantener esos convenios", para advertir de que el Ejecutivo central quiere vender los que son de su propiedad.

El diputado de IU, Miguel Aso, ha manifestado que "no debería haberse dado esta situación de descoordinación entre instituciones" y generar "dudas" en los ayuntamientos, para criticar que los municipios "se enteren a hechos consumados de las intenciones del Gobierno de Aragón o del Estado".