La falsificación o el uso indebido de las tarjetas de aparcamiento especiales para discapacitados es “un problema muy grave” para este colectivo en Zaragoza. Así lo denuncian desde Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). “Hace falta más sensibilización y control”, reclama Marta Valencia, secretaria técnica de esta fundación.

Tal es el fenómeno, que la Policía Local de la ciudad sanciona más de 1.000 fraudes en el uso de las plazas de aparcamiento para minusválidos cada año. La mayoría de estas infracciones se debe a la utilización indebida de una tarjeta válida, pero que es usada por otra persona, normalmente un familiar. “Incluso se dan casos de gente que lleva la de un familiar fallecido”, denuncia Valencia.

En la actualidad, este tipo de actuaciones está sancionado con una multa de 200 euros, similar a estacionar un vehículo en una parada de autobús. Sin embargo, no es el único tipo de engaño que llevan a cabo quienes quieren disfrutar de privilegios a la hora de estacionar en la capital aragonesa.

Cada vez está más extendida la falsificación de estos documentos, un fraude tan sencillo de llevar a cabo como complicado para la Policía de detectarlo. De hecho, el número de sanciones por esta causa apenas alcanza el medio centenar al año en Zaragoza. El problema radica en que una simple fotocopia plastificada o la descarga de un modelo por internet puede pasar por un documento oficial.

“Nos perjudica mucho a los que realmente lo necesitamos, porque para nosotros estos aparcamientos no son un capricho, sino una necesidad”, asegura Marta Valencia. “Están ubicadas cerca de nuestros lugares de trabajo, de nuestras casas, de la clínica de rehabilitación... además tienen una anchura y unas características especiales para nuestras necesidades”, explica.

Las tarjetas de aparcamiento las concede el Ayuntamiento de turno, en función de un certificado de discapacidad que elabora el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con dos baremos: uno médico y otro de necesidades de movilidad, como el uso de silla de ruedas, bastones, etc.

Cambio del cógido penal

Para evitar los fraudes, desde DFA solicitan un registro oficial de las tarjetas concedidas en todos los ayuntamientos, con el que mejorar el control, pues aseguran que la Policía “hace lo que puede, pero es difícil de detectar”.

Los agentes, por su parte, lamentan que muchas de las sanciones impuestas acaben en nada en los juzgados por la interpretación de la ley, que no dejaba claro si estas infracciones eran una falsificación de documento público, una usurpación del estado civil u otro tipo de irregularidad.

De hecho, estas situaciones llevaron a un reciente cambio del código penal, en el que se incluyó el artículo 400bis. Hasta entonces, el uso de una tarjeta de un familiar fallecido, por ejemplo, no podía considerarse falsificación. Sin embargo, ahora el nuevo artículo ya establece que “también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por quien no esté legitimado para ello”.