Dos años de cárcel y tres y medio de alejamiento. Es la condena que ha impuesto el juez a la madre de tres alumnos que agredió en marzo del año pasado a la directora del colegio público Tenerías. Se trata de la primera sentencia sobre un caso de agresión grave en un centro escolar tras la entrada en vigor de la ley autonómica de autoridad del profesorado, que otorga a los docentes presunción de veracidad, como a los policías.

En virtud de esa norma, el juez ha estimado un delito de atentado contra la autoridad, ya que la ley considera a los profesores autoridad pública, y tres faltas de lesiones, maltrato y daños. La madre tendrá que hacer frente a una pena de dos años de prisión, aunque podría no llegar a ingresar en la cárcel siempre que no esté condenada por delitos anteriores.

Además, y pese a que sus hijos siguen estudiando en el colegio público Tenerías, no podrá acercarse ni al centro, ni a la directora del mismo, durante tres años y seis meses. Lo que no ha llegado a producirse es la petición de excusas por parte de la condenada, que sí prevé la ley autonómica en aquellos casos de agresión grave a miembros de la comunidad educativa.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2013. La madre de los alumnos acudió al centro y exigió ver a gritos a la directora del mismo y a varios profesores. Al parecer, había entendido mal un aviso de la trabajadora social de la escuela, en el que le decía que sus hijos llegaban tarde a clase con frecuencia y se dormían durante las lecciones, y creía que podía llegar a perder la custodia de sus hijos.

Cuando intentaba subir a la primera planta del centro en dirección al aula de uno de sus hijos, salieron a su encuentro el conserje, el jefe de estudios y la directora. Fue entonces cuando la condenada cogió del pelo a la directora, le dio una bofetada y la tiró al suelo.

La responsable del Tenerías fue a curarse de sus heridas a un centro de salud y denunció la agresión ante la Policía. Además, solicitó una orden de alejamiento ante el temor de que la mujer pudiera volver al centro para pegarle de nuevo. La atacante fue detenida tras la agresión, pero quedó en libertad a la espera de juicio.

Aunque la Fiscalía inicialmente solicitaba una pena mayor para la condenada, al final se llegó a un acuerdo el pasado día 6. Es la primera vez que se aplica la ley de autoridad del profesorado en un caso grave desde su entrada en vigor el 20 de enero de 2013.

La normativa prevé que, ante un conflicto surgido durante el ejercicio de su profesión -sea dentro o fuera del centro-, la palabra del profesor prevalece sobre la del alumno o la de los padres salvo que estos últimos aporten pruebas que la contradigan, del mismo modo que ocurre con las declaraciones de los policías. La normativa hace responsables civiles a los padres de los desperfectos ocasionados por sus hijos y obliga a los centros a redactar un plan de convivencia.